La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este martes una jornada de visibilización en Plaza de Mayo para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La actividad se desarrolla frente al Ministerio de Economía desde las 8 de la mañana hasta la medianoche e incluirá servicios gratuitos para la comunidad y propuestas académicas y científicas.
La UBA realizó clases públicas en Plaza de Mayo y hubo largas filas para atenderse de manera gratuita
La jornada se llevó adelante este martes entre las 8 de la mañana y la medianoche, frente al Ministerio de Economía. Hubo atención médica gratuita, asesoramiento profesional, clases magistrales y muestras de proyectos científicos.
Durante la jornada se brindará atención sin costo en distintas especialidades, entre ellas odontología, óptica, veterinaria y clínica médica. También habrá asesoramiento jurídico y contable y espacios de orientación psicológica.
A su vez, los 13 decanos de las facultades de la UBA ofrecerán clases magistrales abiertas al público. La universidad también exhibirá proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico, entre ellos un auto de competición diseñado y construido por estudiantes y docentes.
La iniciativa apunta a mostrar el impacto concreto que tiene el sistema universitario público en áreas como la salud, la investigación y la formación profesional. Mientras se desarrolla la actividad en Plaza de Mayo, las distintas facultades mantendrán sus clases con normalidad.
El conflicto judicial por la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley 27.795 fue sancionada en 2025 luego de que el Congreso rechazara el veto del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma mediante el Decreto 759/2025, que suspendió su aplicación hasta que se determinaran las fuentes de financiamiento. Las universidades cuestionaron esa decisión y recurrieron a la Justicia.
En diciembre de 2025, el juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó al Ejecutivo aplicar la ley, incluyendo la actualización de salarios y becas. El Gobierno apeló la resolución, pero distintas instancias judiciales ratificaron la decisión.
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado y dejó firme la cautelar. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El conflicto, sin embargo, continuó. El 1° de septiembre, Cormick dictó una nueva medida cautelar en una causa iniciada por la UBA y ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar "de forma inmediata" las partidas previstas por la ley para gastos de funcionamiento, salarios, becas e investigación.
Según señaló el magistrado en su resolución, el impacto fiscal de esas disposiciones representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
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