El escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. El futbolista fue declarado oficialmente deudor alimentario por la Justicia argentina, en medio del proceso de ejecución de alimentos que inició su expareja.
Tras el reclamo judicial de su expareja, Wanda Nara, el futbolista fue embargado en una importante suma y podría perder la famosa "casa de los sueños" que tiene con la China Suárez.
El escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. El futbolista fue declarado oficialmente deudor alimentario por la Justicia argentina, en medio del proceso de ejecución de alimentos que inició su expareja.
La primicia fue lanzada por la periodistas Laura Ubfal, quien sorprendió al revelar las medidas que podrían recaer sobre el delantero del Galatasaray tras la determinación judicial. “Si entra no puede volver a salir del país, u$s3500 de multa diaria, embargada la Casa de los Sueños”, expresó en sus redes sociales.
El documento del Juzgado Civil 106 lo declara deudor alimentario con una multa y un embargo a Icardi, quien reside actualmente en Turquía por motivos laborales, y busca garantizar el derecho alimentario de las hijas menores de la expareja. El tribunal también dispuso la inscripción de Icardi en el Registro de Deudores Morosos una vez que la resolución quede firme, conforme a lo establecido en la ley 269 y el Decreto Reglamentario 230/2000.
La sentencia se fundamenta en la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de Icardi. El juez señala en la resolución: “Toda vez que no se encuentra acreditado en autos en cumplimiento de las obligaciones del demandado -ver liquidación aprobada a fs. 42-, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario”.
Además, la Justicia determinó embargarle la famosa Casa de los Sueños (en referencia a la lujosa propiedad ubicada en Nordelta) por la suma de u$s110.000, en concepto de compensación por alimentos. El fallo también suma una cifra de u$s3500 dólares para “responder a intereses, costas y costos de la ejecución”.