Trabajadores del Hospital Bonaparte se movilizaron este jueves junto a gremios, organizaciones sociales y autoconvocados en el marco del Día Mundial de la Salud Mental y en rechazo al plan de "reestructuración" de la institución anunciado por el Ministerio de Salud.
El Gobierno había manifestado la intención de cerrar el centro de salud, el único a nivel nacional con especialización en salud mental y adicciones, por lo que los trabajadores realizaron protestas y la toma del edificio. Sin embargo, este martes y luego de 96 horas consecutivas de reclamo, la cartera sanitaria llegó a un acuerdo con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y determinó la continuidad del hospital.
En ese contexto, el establecimiento continúa en "estado de alerta", ya que el personal no tiene certezas sobre el plan de reestructuración que promueve la cartera sanitaria, según indicó la jefa de demanda espontánea del hospital Nadia Jausken a Noticias Argentinas.
Médicos, enfermeros, camilleros, psicólogos y psiquiatras encabezaron la marcha que comenzó en el Hogar Rawson, situado en Amancio Alcorta y Carrllo, y culminó en las inmediaciones del Hospital Bonaparte. "La salud mental no se negocia", "Hablemos de salud mental" y "Formadas en la universidad pública defendiendo a la salud pública", fueron algunas de las leyendas que se repitieron en pancartas.
"De momento se está atendiendo ambulatorio, los turnos programados y la guardia sigue funcionando, ya que quienes se encuentran internados, continúan en el Hospital sin novedades aún", aseguró Raquel Rodríguez, trabajadora del centro de salud.
Además, señalaron que mientras dure el plan no se van a recibir nuevas internaciones, sino que se derivarán a otros nosocomios de salud mental porteños. También mantendrán las guardias y las consultas ambulatorias con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes.
En tanto, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, aseguró que "así como está, el hospital es inviable" y se refirió a una auditoría de abril de 2023 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), según la cual "se incumplía con la Ley de Salud Mental y el derecho de los pacientes".