Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Es que el propio presidente Javier Milei había adelantado que iba ir a la justicia si el Congreso rechazaba el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad.

La acción es impulsada por Elba.., una mujer adulta mayor con discapacidad, quien, en nombre propio y en representación de un colectivo de personas en situación de vulnerabilidad, recurrió a la Justicia ante el intento del Poder Ejecutivo de desconocer la decisión soberana del Congreso.

En el amparo se pidió que se declare la obligatoriedad inmediata de la ley y que se ordene al Gobierno nacional abstenerse de cualquier maniobra dilatoria que impida su cumplimiento.

“No existe otra vía idónea por la cual se pueda reclamar que el PEN se abstenga de cumplir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad, se abstenga de judicializar para dilatar su cumplimiento, y para que cese con su actitud lesiva contra el colectivo de personas con discapacidad, cuanto antes y de modo que los derechos involucrados, queden a salvo de su “motosierra” y se respete su normal uso y goce”, fundamentó la abogada sobre la medida interpuesta.

Asimismo, se advierte en el amparo que la judicialización anunciada por el Poder Ejecutivo constituye un acto de gravedad institucional, que desconoce la Constitución nacional (arts. 1, 36, 83 y 99 inc. 3) y pone en riesgo derechos humanos fundamentales protegidos por tratados internacionales.

La presentación remarca que el rechazo del veto presidencial por ambas Cámaras torna obligatoria la promulgación de la ley, y que el Ejecutivo carece de atribuciones para impedir su entrada en vigencia.

“Pretender lo contrario significa desconocer el sistema republicano de división de poderes y atentar contra la democracia misma”, advierte la abogada

“Este amparo busca no solo la defensa de las personas con discapacidad, sino también la preservación del Estado de Derecho. No puede permitirse que el Poder Ejecutivo seleccione qué leyes cumplir, menos aún cuando están en juego los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostuvo la abogada Carreras.

La abogada pidió que “se declare la plena vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad y se ordene al Poder Ejecutivo su promulgación y cumplimiento”

Finalmente pidió que se dicte medida cautelar de “no innovar e innovativa que obligue al Estado Nacional a cumplir la ley y se abstenga de judicializar la promulgación de la ley”