Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, denunció al ministro de Justicia Martín Soria luego de que este ordenara la intervención de su fundación por utilizar los fondos para su campaña electoral.
Patricia Bullrich, precandidata a presidente por Juntos por el Cambio, denunció al ministro de Justicia Martín Soria luego de que este ordenara la intervención de su fundación por utilizar los fondos para su campaña electoral.
La intervención, según explica la orden, estará vigente durante 180 días hábiles. Es por eso que la referente del PRO no se quedó de brazos cruzados y volvió a la carga: anteriormente ya había denunciado al Interventor General de la Justicia Ricardo Nissen, por “perseguir a las entidades de los opositores”.
En tanto, amplió la denuncia contra Soria por "haber ejercido abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
La causa está ahora en manos del juez Ariel Lijo. Según lo consignado por A24, la abogada de Patricia Bullrich señaló que “lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista”.
Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispusiera la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, la asociación sin fines de lucro de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por irregularidades contables y la sospecha de desviar fondos para su campaña, se conocieron las llamativas facturaciones millonarias de la institución.
En Conflicto de Intereses, el periodista Juan Amorin tuvo acceso al expediente de la Inspección General de Justicia que da cuenta de la cantidad de dinero que comenzó a manejar el instituto en los últimos meses, de cara a las elecciones 2023.
Según la investigación, la asociación de Bullrich pagó 3.550.000 pesos a la la consultora EyS Brainstorm que llamativamente tiene el mismo domicilio que la exministra de Seguridad y pagó 2.766.170 de pesos al diputado Gerardo Milman, mano derecha de la precandidata, en concepto de servicios de coordinación de equipos.
Además se registraron: ocho facturas por un total de 525 mil pesos a Maximiliano Defranchi, quien se define como consultor en campañas políticas; ocho facturas por un total de 1.165.000 de pesos para Santos Urquiza Rueda, especialista en procesos electorales; nueve facturas por 1.260.000 de pesos para María Oneto, quien forma parte del equipo de campaña de Bullrich; diez facturas para el "Dr. Fohrig" por un total de 1.590.000 pesos en concepto de coordinación de equipos y seis facturas por un total de $1.400.000 para Martín Siracusa en concepto de honorarios.
Sobre las pruebas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, realizó duras criticas a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una "muestra más de la impunidad" con la que se manejan.
"Es una muestra mas de la impunidad con la que se maneja esa gente y sus dirigentes. Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores", criticó Soria en declaraciones a radio 10.
El ministro aseguró que "se demostró en esta investigación un cúmulo de irregularidades tremendas" en el funcionamiento de esta asociación civil donde "se estructuró todo un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar en un todo o en parte acciones de proselitismo político".
La investigación da cuenta también de los balances económicos del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil.
"Se puso demostrar que armaban seminarios y charlas para estudiar supuestamente temas de seguridad o fortalecimiento de la justicia, pero en definitiva hacían almuerzos y cenas para recaudar fondos para la campaña de Patricia Bullrich", explicó Soria en diálogo con Jorge Rial para Argenzuela por Radio 10.
Mediante la Resolución 742/2023, el ministro dispuso la intervención de la asociación civil para "normalizar la situa'hcyg{ción institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar".
Ante este panorama, el ministro explicó que desde la IGJ y a partir de la investigación iniciada se pudo determinar que la asociación civil sin fines de lucro, "estructuró todo un sistema de ingresos y egresos que estaba destinado a financiar, en un todo o en parte, acciones de proselitismo político, en violación y contradicción a lo autorizado por ley de esta asociación civil sin fines de lucro".
La intervención solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, se fundamenta en la instrucción realizada por la IGJ en la cual se determinó que desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar.
Además, Soria explicó que se registró el crecimiento exponencial entre los ingresos y los egresos, por lo tanto "en tan solo meses "pasaron de no tener fondos para poder solventar los gastos corrientes de la asociación a recaudar más de 90 millones de pesos".