Movimientos del Gobierno detrás de los expedientes judiciales

En los tribunales federales de Comodoro Py, donde Stornelli tiene su despacho, cuentan que se volvió un predicador del Gobierno. Se lo escucha hablar de política con entusiasmo, opina sobre denuncias contra funcionarios que les tocan a otros colegas suyos e interviene en algunos expedientes, cual abogado defensor.

Días antes de ser invitado al evento papal del domingo 8 de noviembre, Stornelli había logrado dañar gravemente una causa que apuntaba contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, y que buscaba revisar el uso de un fideicomiso destinado a la obra pública vial, conocido como Sisvial.

Las denuncias por el Sisvial se acumularon en manos del juez Ariel Lijo. Stornelli opinó que debían ser desestimadas, pero el magistrado ordenó las primeras medidas tras aceptar como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Stornelli, erigido como guardián de los intereses de la Casa Rosada, no se quedó quieto y apeló la decisión del juez de aceptar a esos actores como querellantes. Finalmente, logró que la Cámara Federal porteña le diera la razón y los apartara del expediente. Sin impulso, el caso quedó al borde del cierre.

La invitación especial que recibió para ir a escuchar al papa no fue la primera que recibió. Stornelli asistió al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso Nacional en marzo pasado. Por esos días, le endulzaban el oído dejando correr el falso rumor de que tenía chances de ser convocado como ministro de Justicia para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona. A los pocos días sabría que ese lugar estaba destinado a Juan Bautista Mahiques.

El inocultable lazo de Stornelli con el Gobierno comienza antes. En septiembre de 2024, asistió al evento del ultraderechista Foro de Madrid en Buenos Aires que tuvo como orador principal al propio Milei. En esa oportunidad le respondió a un periodista del diario Tiempo Argentino que él había sido invitado por organizadores del evento a los que definió como gente que militaba en La Libertad Avanza. Sincero.

No solo de invitaciones se nutre el vínculo del gobierno con el Poder Judicial. La gestión de las relaciones implica también escuchar sus pedidos, posibilitar ascensos y viabilizar nombramientos.

Con récord de nombramientos en menos de un año y la posibilidad real de que el Presidente lo postule como Procurador General de la Nación, Mahiques se convirtió en un funcionario de insospechada ascendencia en Comodoro Py. Además, eso le permitió ofrecer resultados a la Casa Rosada donde los hermanos Milei mostraban cierto apuro en frenar el avance de distintos expedientes sensibles.

La primera muestra fue el caso de la criptoestafa $LIBRA, en el cual Javier y Karina Milei estaban imputados. Primero se produjo el apartamiento de las querellas, ante un pedido de la defensa del imputado Mauricio Novelli, quien supo ser el empleador de Milei en una escuela de trading. Luego, el fiscal Eduardo Taiano postuló el entierro de la investigación con el sobreseimiento de todos los imputados. Así lo resolvió 24 horas después el juez Marcelo Martínez de Giorgi porque la investigación se había quedado sin impulso.

Para garantizar que el caso no se reabra, la defensa de Novelli reclamó este viernes el desplazamiento de la jueza Ángela Ledesma de la Sala de Casación, que se apresta a revisar si las víctimas del caso pueden volver al expediente. A pesar de que la magistrada ya intervino en el caso sin ser recusada, la defensa de Novelli ahora quiere apartarla porque integra el comité consultivo de la organización INECIP, que funge como amiga del tribunal en este caso. Buscan un tribunal a medida.

La recusación contra Ledesma recién le llegó cuando la jueza conformó la mayoría que votó a favor de habilitar los recursos de queja de los querellantes excluidos para evaluar si corresponde que vuelvan o no al expediente. Parece tarde.

La recusación es solo uno de los brazos de la pinza. El otro sería el brazo del propio Gobierno, siempre dispuesto a analizar qué edad tienen los jueces que intervienen en cada caso y qué necesitan para seguir en el cargo. La permanencia de los jueces en el cargo para el que concursaron se extiende hasta los 75 años. Ledesma cumple 74 años en diciembre y entonces empezará a correr el plazo de un año para la solicitud para permanecer en el cargo cinco años más. Entonces ya dependerá del Poder Ejecutivo, que maneja esa herramienta a discreción: podría someter su pliego a evaluación del Senado, como hizo, por ejemplo, con Carlos Mahiques (padre del ministro), o simplemente forzar su jubilación.

Los movimientos del Gobierno detrás de los expedientes judiciales son, en muchos casos, grotescos. El caso ANDIS, donde se investigan supuestas coimas cobradas desde la Agencia Nacional de la Discapacidad, es uno de ellos. La Casa Rosada recibió un informe de Gendarmería sobre los audios atribuidos a conversaciones de Diego Spagnuolo (extitular de la agencia) antes de que el informe se incorporara al expediente. A pesar del evidente esfuerzo, la Gendarmería se limitó a concluir que “no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo”.

El informe incluye un lapidario anexo presentado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) -organismo que depende del Ministerio Público- que cuestionó el trabajo de Gendarmería y que dejó en claro que fue esa fuerza la que evitó que se llevara adelante la comparación de las grabaciones “aptas” con la voz de Spagnuolo.

Quien deberá ahora ponderar el informe será el juez Ariel Lijo, un magistrado que aún conserva la esperanza y cierto respaldo político autogestionado para llegar a la Corte Suprema de Justicia.

Es el mismo juez que tiene que resolver qué hace con el caso por el posible enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Allí, el fiscal Gerardo Pollicita opinó que la causa debía pasar al fuero penal económico para que se evalúe una eventual evasión impositiva, dado que no pudo desvirtuar la explicación del exfuncionario que afirmó que cuando llegó a la función pública ya atesoraba unos 600.000 dólares que no había declarado ante el fisco y que provenían de criptoinversiones que había realizado entre los años 2014 y 2018.

En los últimos días trascendió que el magistrado no estaría dispuesto a desprenderse tan rápido de la causa y que evalúa dictar nuevas medidas de prueba. No se trata de un rumor que hubiera salido del juzgado que lleva la causa. Luce como un mensaje de quienes saben que el Gobierno se mueve detrás de los expedientes judiciales. Como se dice en ajedrez: las blancas también juegan.