La situación judicial de Manuel Adorni suma capítulos y empieza a delinear un escenario cada vez más complejo. En las últimas horas, la declaración de un contratista que aseguró haber recibido u$s245.000 en efectivo por la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá reavivó las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario: aseguran que podría ir a indagatoria y que existe un vínculo con la causa $LIBRA.
En ese contexto, el abogado Gregorio Dalbón cuestionó con dureza tanto al Gobierno como al accionar judicial. “Veo que este gobierno es muy contradictorio en cuanto a lo que decía que iba a hacer y lo que hizo”, sostuvo en una entrevista en C5N.
Dalbón ubicó el foco en la denominada causa $Libra, a la que definió como estructural dentro del entramado de investigaciones. “La causa $Libra, que es la madre de todas las causas. El Gobierno está sosteniendo a Manuel Adorni para que no hable ni diga lo que hicieron”, afirmó.
Según su mirada, ese expediente podría tener consecuencias de largo alcance: “Esa causa $LIBRA va a ser el fin del gobierno en algún momento”.
En ese marco, denunció irregularidades en la investigación: “$LIBRA tiene un fiscal que está encubriendo más que investigando”. Acto seguido, vinculó la supuesta inacción judicial con un contexto de impunidad: “Con la impunidad que te puede dar un fiscal como (Eduardo) Taiano sienten que pueden hacer lo que quieren y lo están haciendo”.
En relación con el presunto enriquecimiento ilícito, fue categórico: “Es injustificable los gastos de Adorni”, y agregó que “en un año y medio gastó casi un millón de dólares y la Justicia no hace nada”. También planteó que, en este tipo de casos, la carga de la prueba recae sobre el funcionario: “Siempre se presume la inocencia, pero cuando acusan a un funcionario público de enriquecimiento ilícito la carga de la prueba es del funcionario”.
El abogado enumeró presuntas inconsistencias: “Tiene casas que no puede justificar, refacciones que no puede justificar, aparecen jubiladas a prestarle plata, una escribana que dice que se le dio todo junto”. Y reforzó la exigencia de transparencia: “Un funcionario tiene que ser bien puro y transparente con el periodismo y la sociedad”.
Sobre el posible desenlace, sostuvo que el expediente podría avanzar hacia una instancia clave: “Están dadas las condiciones para llamar a indagatoria”. También consideró que el funcionario podría optar por un juicio abreviado, lo que “le dejaría un antecedente de condena”, y descartó la probation por su rol público. “Está dilatando todo lo que pueda después para planchar la causa”, agregó.
Otro punto de tensión surgió a partir del pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano, en medio de denuncias sobre supuestas presiones al contratista Matías Tabar antes de declarar. Dalbón relativizó la medida, aunque marcó la gravedad del hecho: “La libertad tiene que ser la regla y la detención la excepción”.
Sin embargo, advirtió que los contactos previos con el testigo “hacen ver a los operadores judiciales que están ante una situación de enriquecimiento ilícito”. “Si quieren preparar un testigo es porque querés buscar la impunidad, y cuando eso pasa lo que corresponde es la indagatoria del procesamiento”, concluyó.