La policía de Jujuy volvió a reprimir este martes a un grupo de manifestantes que se encontraba sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de Finca El Pongo, en la localidad de Perico.
La policía de Jujuy volvió a reprimir este martes a un grupo de manifestantes que se encontraba sobre la Ruta Nacional 66, a la altura de Finca El Pongo, en la localidad de Perico.
Los agentes corrieron a palazos a docentes, feriantes y habitantes de tierras fiscales, todos integrantes de pueblos originarios, quienes estaban cortando la ruta bajo la consigna "arriba los salarios, abajo la reforma".
El corte y la represión policial se producen en el marco de una serie de protestas populares en toda la provincia en contra de la reforma constitucional aprobada el 20 de junio por la legislatura jujeña, que fue impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
Los manifestantes entienden que la nueva Constitución provincial limita el derecho a la protesta y afecta directamente a los pueblos originarios y los recursos naturales, entre otras cuestiones.
La feroz represión del martes de la semana pasada, luego de aprobarse la reforma, dejó un saldo de 170 heridos y 68 detenidos (45 hombres, 18 mujeres y 5 menores de edad).
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció que la Justicia jujeña autorizó la "indagación del contenido de celulares" de los periodistas Luciano Aguilar, del portal La Izquierda Diario, y de Camilo Galli, del diario digital El Submarino, y advirtió que la medida "constituye una violación a la garantía constitucional de reserva de fuentes".
Ambos periodistas fueron detenidos cuando cubrían el sábado 17 de junio las protestas de las comunidades indígenas en la localidad de Purmamarca.
La ONG presidida por el periodista francés Pierre Haski ya se había manifestado para solicitar "la devolución de los celulares" por parte de la Justicia jujeña, y en conocimiento de la nueva medida alertó que el acceso a los dispositivos móviles de Aguilar y Galli "constituye una violación a la garantía constitucional de reserva de fuentes".
"RSF insta al Ministerio Público a no llevarla a cabo (a la medida), a devolverles a ambos sus herramientas de trabajo y al inmediato desprocesamiento de los periodistas", exhortó.
También reiteró la "exigencia" al gobierno de Gerardo Morales para que instruya a la Policía provincial "a respetar el trabajo de la prensa, esencial para el derecho a la información de los ciudadanos".