El magistrado expuso ante la Comisión de Acuerdos tras haber sido postulado a principios de año por el presidente Javier Milei. Para que el pliego llegue al recinto, necesita la firma de nueve de sus 17 integrantes.
El juez federal Ariel Lijo defendió este martes ante el Senado su candidatura a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, postulada por el presidente Javier Milei a principios de año. El magistrado necesita reunir el apoyo de nueve de los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos para que su pliego llegue al recinto. El debate por su designación continuará en comisión el próximo 28 de agosto.
Lijo respondió preguntas de los legisladores de los distintos bloques que estuvieron relacionadas con su trayectoria, sobre su mirada sobre la justicia y la Corte Suprema, y los aportes que puede realizar en base a su experiencia en caso de ser elegido. Además fue consultado sobre su opinión en torno a los DNU del Poder Ejecutivo, la dolarización propuesta por el Gobierno, entre otros temas.
En su intervención en la Cámara alta, el magistrado repasó su larga trayectoria como trabajador judicial, donde comenzó como meritorio, hasta su llegada al cargo de juez federal en 2004. Se presentó como un potencial "representante del Poder Judicial en la Corte Suprema", en base a su experiencia en la praxis, a diferencia de los ministros "académicos" del cuerpo.
"Los jueces pueden controlar los procesos de producción democrática, proteger la autonomía de la voluntad y la continuidad de la práctica constitucional. La práctica constitucional es lo que nos hace crecer como república y lo que en el mediano y largo plazo aporta soluciones institucionales a los problemas de los ciudadanos", definió.
Lijo insistió en su conocimiento sobre la realidad palpable de lo que ocurre en los tribunales. "La función del juez no se agota en resolver casos. Hay otras decisiones que se deben abordar. Una de ellas es establecer políticas judiciales que irradien al resto de los tribunales. Para eso es indispensable conocer la realidad de la Justicia Federal de todo el país. Qué les pasa a las justicias provinciales, qué pasa con los jueces en la frontera, qué pasa en la frontera norte. Como secretario general de la Asociación de Jueces Federales tuve la oportunidad de conocer todas esas realidades", señaló.
Además, destacó: "La Corte debe enfocarse en garantizar el acceso a la Justicia. No solo para que haya mayor facilidad en las formas de litigar. Hay personas que no se animan, que no saben. O que se autoexcluyen: para qué voy a ir si no me van a resolver nada".
Lijo remarcó que "se debe tener una política que implique una tutela efectiva de los casos de violencia doméstica, de género, laboral, de menores y adicciones. Se trata de dar respuestas efectivas que resuelvan los problemas de las personas y no quedar en meros discursos o puestas en escena. Este enfoque permite establecer políticas efectivas que marquen el camino a todos los integrantes del Poder Judicial, y las que ya existen mejorarlas para que sean herramientas útiles".
El magistrado rechazó "de manera categórica, por absolutamente infundada", su "supuesta falta de idoneidad moral" y planteó que "las cuestiones entre el parlamento y el Poder Ejecutivo tienen también sus propias reglas, de los frenos y contrapesos. Y créanme que no siempre el Poder Judicial puede brindar una solución para este tipo de conflictos".
En otro pasaje de su intervención en el Congreso, el juez Lijo aseguró cumplir los requisitos de la Constitución para ser integrante de la Corte Suprema y manifestó que con sus años de experiencia en el poder judicial puede hacer un gran aporte.
"Cumplo con todos los requisitos de la Constitución. Estoy en condiciones de hacer un aporte para muchos aspectos de la vida institucional de la Corte, no solamente en la función jurisdiccional sino también en una función adicional que tiene que ver con otros roles que la Corte ya viene trabajando y en los que me parece que hay que profundizar que tienen que ver con los 20 años que tengo en el poder judicial y del contacto en primera persona que tengo con la gente", expresó.
Consultado sobre su opinión al respecto del uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia por parte del poder ejecutivo, Lijo respondió: "Respecto de la utilización de los DNU, como ustedes saben, es una atribución que la Constitución del 94 que se había utilizado, se utiliza con distintas intensidades en distintas épocas de nuestra historia, en distintos gobiernos"
Luego agregó: "La Constitución del 94 incorporó la posibilidad de decretos de intensidad y urgencia, y la Corte los ha convalidado su utilización, bajo las condiciones que la Constitución establece, que es que sean verificadas objetivamente las condiciones de necesidad, urgencia y de que no exista otra vía idónea para satisfacer la crisis, que no sea mejor que la decisión del DNU, que no sea porque el Congreso está en receso, o porque sea una situación extraordinaria. Hay una cantidad de fallos de la Corte que sostienen exactamente lo mismo, y es unánime y no se modifica en el tiempo, la posición de la Corte respecto de en qué condiciones deben ser utilizados los DNU y cuáles son las condiciones para la validez de esos decretos".
Con respecto a la ampliación de la cantidad de integrantes Corte Suprema, expresó no tener una opinión tomada pero indicó que a lo largo de la historia el máximo tribunal ha tenido distintas cantidades de miembros y siempre "ha funcionado"
"Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia o no de la cantidad de miembros y de la composición", indicó.
Una pregunta recurrente al juez Lijo estuvo orientada a saber su opinión sobre la constitucionalidad de la dolarización propuesta en campaña por el presidente Javier Milei. Si bien evitó dar una respuesta contundente sobre el tema, expresó que cualquier proyecto de esa índole "debe cumplir con los estándares mínimos de la legislación. Lo que quiere decir es que de alguna manera debe ser reservada la moneda".
El juez fue propuesto por el Gobierno en reemplazo de Elena Highton, quien dejó la Corte en 2021. El miércoles 28 a la misma hora será el turno del segundo candidato a la Corte, el abogado Manuel García Mansilla.
La Comisión de Acuerdos es presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) y está compuesta por otros 17 miembros: siete de Unión por la Patria, cuatro de la Unión Cívica Radical, uno de La Libertad Avanza y cuatro pertenecientes a bloques federales.
Para llegar al recinto, el pliego necesita la firma de nueve de estos 17 integrantes. Sin embargo, no es obligatorio que las firmas estén este miércoles y Tagliaferri dejaría habilitado el despacho para su firma, según informó NA. En el Senado, el juez federal recibió 33 impugnaciones y 16 adhesiones.
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