El gobierno de Mendoza les cobrará multas a los padres antivacunas

Si una vez transcurridos los 30 días, el responsable del menor no ha aplicado las vacunas requeridas, se iniciará un proceso de denuncia. El personal sanitario deberá notificar al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y, de forma prioritaria, denunciar la situación ante las autoridades policiales, municipales o judiciales competentes en materia contravencional.

Esta normativa se basa en la Ley Nacional N° 27.941, que declara la vacunación como un bien social obligatorio, y en la Ley N° 9099 de Contravenciones, que sanciona el incumplimiento de este deber con multas de 200 a 800 unidades fiscales, arresto de cinco días, o trabajo comunitario en hospitales públicos.

Para garantizar un control exhaustivo, la Dirección de Epidemiología, Calidad y Control de Gestión de Mendoza será la encargada de registrar todas las denuncias realizadas. Esta información permitirá generar estadísticas detalladas para analizar la situación en toda la provincia. Mensualmente, se informará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se realice un seguimiento de los casos y se advierta sobre la posible repetición de esta conducta, la cual representa un riesgo para la salud del menor y de la comunidad en general.

La resolución busca establecer un marco legal y herramientas administrativas para combatir la minoritaria, pero preocupante, tendencia a rechazar las vacunas.