El Gobierno le exigió a Bahía Blanca el pago de $17 millones por cada puente de emergencia colocado tras el temporal

Según el testimonio del titular de Obras Públicas, la exigencia de pago era una condición fundamental "para continuar con la prestación" del servicio de infraestructura transitoria. Además del valor inicial, la comuna debía "sumarle un agregado por mantenimiento" de las estructuras modulares instaladas por las fuerzas armadas.

El millonario arreglo se formalizó mediante la firma de un convenio específico con el Ministerio de Defensa, cartera que comanda Luis Petri. El secretario municipal denunció que la rúbrica fue impuesta bajo presión, asegurando que “si no, se llevaban los puentes”.

Ante esta situación, el municipio, a cargo del intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria), optó por acatar la exigencia federal. Trankels justificó la decisión indicando que "intentamos resolver un problema acuciante, el intendente tomó la decisión de firmar el convenio y pagar para que los puentes continúen", si bien admitió que "resulta difícil hacer apreciaciones morales con respecto a esto".

Los puentes, colocados inmediatamente después del 7 de marzo por personal del Ejército, reemplazaron infraestructura crítica arrasada por el agua, con el objetivo primordial de restablecer la conexión entre los barrios más damnificados y garantizar el tránsito vehicular y peatonal en un contexto de emergencia.

Este episodio se enmarca en una serie de reclamos y fricciones entre la intendencia de Bahía Blanca y el Gobierno Nacional por la asistencia post-temporal. Un punto de conflicto previo tuvo lugar a fines de junio, cuando el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley aprobado por el Congreso que establecía un fondo especial de emergencia para la ciudad por un monto total de $200.000.000.000.