El Gobierno anunció una purga en la Procuración del Tesoro por "filtraciones" sobre la causa YPF

En ese marco, el procurador Santiago Castro Videla no será desplazado, pero sí se iniciarán ceses y cambios de personal en los sectores vinculados al archivo, inteligencia jurídica y gestión interna con el objetivo de evitar nuevas filtraciones que puedan perjudicar la estrategia legal del Estado en tribunales extranjeros.

La investigación apunta a empleados o colaboradores que podrían haber vendido información a Burford Capital, uno de los principales demandantes ante la Corte de Nueva York por ‎u$s16.100 millones. Desde Casa Rosada adviertieron que la Procuración maneja causas millonarias y que la exposición de datos internos plantea un riesgo institucional grave.

Las sospechas surgieron tras la reactivación reciente del juicio, luego de que la jueza Loretta Preska dictara la entrega del 51% de las acciones de YPF al fondo demandante y se registrara una suspensión administrativa por parte de la Cámara de Apelaciones. En ese contexto, la filtración aparece como un nuevo punto de vulnerabilidad.

El Gobierno insistió en que no mantiene negociaciones con los fondos buitre y que la purga interna no afecta al cuerpo jurídico, sino únicamente a los sectores operativos. El principal objetivo, aseguraron fuentes oficiales, es proteger la estrategia de defensa de Argentina y asegurar la confidencialidad de los debates.

La Procuración del Tesoro achica su estructura

En ese sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que puso en "marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva".

"En el marco del proceso de transformación y racionalización del Estado impulsado por el Gobierno Nacional, este recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas, busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos", agregaron desde el organismo.

En ese sentido, explicaron que "hasta la fecha ya ha reducido su personal en más de un 20% desde el ingreso de las nuevas autoridades en febrero del 2025" y que con este nuevo cambio "pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado".