Atentado contra Cristina Kirchner: Capuchetti presentó una denuncia por la pérdida de información del teléfono de Sabag Montiel

La denuncia apunta a que se investiguen si se cometieron delitos de acción pública en la manipulación del teléfono de Sabag Montiel y recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini, que trabaja este año con el fiscal federal Federico Delgado.

Pericia al teléfono de Sabag Montiel

La pérdida del teléfono de Sabag Montiel horas después del atentado fue uno de los primeros hitos de irregularidad de la investigación: la primera extracción se intentó dentro del juzgado de Capuchetti hasta donde llegaron técnicos de la PFA convocados por la jueza.

Ese intento fracasó y horas después, en la noche del viernes, el teléfono fue llevado en un auto de custodia de la jueza hacia la sede de la PSA en Ezeiza, adonde llegó en un sobre abierto, encendido y sin un oficio que indicara cuál había sido el procedimiento que se hizo primero.

En las oficinas de la PSA intentaron nuevamente la extracción de la información y allí surgió la leyenda que daba cuenta que el celular había sufrido un reseteado de fábrica, según trascendió en las horas posteriores al suceso.

En tanto, el informe recibido por la jueza indica que la extracción intentada por la PFA fue "fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes respecto a su debida preservación/resguardo (conforme consta en las actuaciones remitidas para análisis)".

También, indica que "que resultó factible determinar fecha y marco de tiempo en que el equipo 'teléfono sabag' fue restablecido a valores de fábrica, siendo la misma '00:19:26' hora local. del día 03 de septiembre del 2022", cuando el teléfono ya estaba en la PSA.

Otro de los detalles que surgen del informe es que "el equipo presentaba configuraciones avanzadas de un usuario con conocimientos, lo que hace el equipo sea vulnerable y/o sensible ante la manipulación propiamente dicha", es decir que el celular podía estar preparado para evitar que se le extrajera información.

El informe lleva la firma de peritos de la Gendarmería, segundo comandante Mario Tapia y primer alférez Francisco Pardo; el ingeniero Nicolás Sanguinetti, jefe de los laboratorios de informática de la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), que depende del Ministerio Público Fiscal, y el licenciado Tomás Barbieri, perito designado por Cristina Kirchner.