¿Vuelven los '90? Por qué la reforma laboral, la dolarización y las privatizaciones no pueden ser la salida

En las últimas semanas distintos sectores de la oposición política con aspiraciones a conducir el país a partir de 2023 han propuesto recuperar algunas de las políticas que caracterizaron a la década de 1990 como un antídoto ante déficit fiscal y la inflación.

Uno de los que se manifestó al respecto fue el ex presidente Macri, afirmando la necesidad de avanzar en una reforma laboral y de re-privatizar Aerolíneas Argentinas. En el mismo sentido se ha expresado Javier Milei, quien sostuvo que además de la empresa aerocomercial habría que privatizar también AySA, el Correo Argentino y los medios públicos. El referente argentino de los autodenominados “libertarios” también se manifestó a favor de dolarizar la economía, idea sostenida por distintos referentes de la oposición que incluso han presentado proyectos legislativos que avanzan, en mayor o menor medida, en este sentido. Se parte del supuesto éxito que tuvo la Convertibilidad en contener la inflación y reducir el déficit primario (antes del pago de intereses), sin hacer mención alguna a que dicho modelo terminó en la crisis económica y social más profunda de la historia argentina.

En este marco, resulta importante repasar algunos de los principales legados de las reformas de carácter neoliberal implementadas durante la década del ’90. En esta nota nos centraremos en las privatizaciones, dejando para más adelante las consecuencias de la reforma laboral y la cuasi dolarización que implicó la Convertibilidad. Por el momento basta con adelantar que la primera no sólo implicó la pérdida de derechos laborales sino que no impidió que la desocupación alcanzara niveles récord, en tanto el “1 a 1” condujo a un proceso de desindustrialización y un elevadísimo endeudamiento externo que terminó con el default más grande de la historia.

Las privatizaciones fueron la principal reforma estructural llevada adelante por el gobierno de Carlos Menem durante su primer mandato. Cabe recordar que entre los años 1990 y 1993 se privatizaron la casi totalidad de empresas estatales, entre ellas las proveedoras de servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, trasporte ferroviario, rutas nacionales y grandes firmas industriales productoras de bienes de uso difundido (petroquímica, siderurgia, petróleo).

Los efectos positivos de las privatizaciones en general fueron pocos y transitorios. Entre ellos se pueden mencionar una inicial reducción del déficit fiscal y del endeudamiento externo gracias a los ingresos extraordinarios generados por esas ventas (cabe recordar que en los pliegos licitatorios se incluía una cláusula que imponía que la mayor parte del capital aportado por los consorcios adquirientes debía ser en títulos de la deuda pública). En cambio, hubo efectos muy negativos que perduraron a lo largo de la década (y más), como el incremento sustancial que registraron las tarifas de los principales servicios públicos y la pérdida de más de 110.000 puestos de trabajo directos sólo entre 1990 y 1993.

El incremento tarifario (que en algunos casos como en telecomunicaciones alcanzó el 700%) no solo perjudicó a los hogares sino también a las industrias y comercios, especialmente a las Pymes ya que las tarifas para los grandes usuarios aumentaron en menor proporción. Ello no solo implicó una transferencia de ingresos hacia las firmas privatizadas sino que, al incrementar sus costos, deterioró la competitividad de muchas actividades industriales. Se trató de un proceso que no sólo implicó un alza de las tarifas de los servicios sino también en los precios de insumos clave para la producción industrial y la construcción como la chapa y el acero (hasta las privatizaciones el Estado había sido el principal productor nacional a través de SOMISA).

En este sentido, lejos de ampliar el grado de competencia y beneficiar de esta manera a los consumidores, el resultado de las privatizaciones fue una mayor concentración económica y un mayor poder de mercado de las grandes empresas que participaron del proceso, las cuales obtuvieron rentabilidades extraordinarias a nivel internacional.

Si bien al inicio las privatizaciones también tuvieron un efecto positivo sobre el balance de pagos gracias al ingreso de divisas a partir de las inversiones extranjeras directas, este efecto no solo se evaporó rápidamente sino que la situación de las cuentas externas se agravó en el mediano plazo ya que aumentaron la remisión de utilidades al exterior así como los pagos de intereses de la deuda externa privada. Respecto a esto último cabe señalar que el grueso de las inversiones que hicieron las firmas que compraron las empresas públicas no fue a partir de una reinversión de las altísimas ganancias obtenidas sino a través del endeudamiento externo.

Con el proceso de privatizaciones el Estado argentino perdió importantes instrumentos que tenía para intervenir y regular actividades con un impacto económico y social determinante.

Dadas las actuales limitaciones que posee el Estado para regular y controlar eslabones clave de la actividad económica (basta pensar lo que podría haber hecho el gobierno en materia de precios de los alimentos de haber logrado la estatización de Vicentín), es muy importante que no se retroceda en los pocos casos en los que se recuperaron empresas, como en AySA, Aerolíneas Argentinas e YPF. En el primer caso basta señalar que la provisión de agua potable constituye un derecho humano que no puede ser dejado en manos de actores privados que sólo tienen como meta obtener ganancias sin medir consecuencias sociales.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, si la firma se volviera a manos privadas sólo mantendría las rutas más rentables, lo cual es un problema muy grande para un país con la extensión territorial y la ubicación geográfica como la Argentina. Por otro lado, la pandemia puso en evidencia la importancia de contar con una línea de bandera nacional que, por ejemplo, pueda trasladar suministros médicos y vacunas en un contexto de fuerte competencia entre los países para asegurarse la provisión de este tipo de bienes.

El impacto de una re-privatización de YPF sería mayor aún, no sólo porque la empresa actúa como virtual reguladora de los precios de los combustibles en el mercado interno sino fundamentalmente porque fue la petrolera parcialmente re-estatizada en 2012 la que lideró la recuperación de la producción de gas y de petróleo en la Argentina. En este sentido, la YPF con mayoría estatal fue fundamental para poner en marcha Vaca Muerta, revirtiendo la lógica de funcionamiento que había mostrado bajo la gestión de Repsol cuando priorizaba la distribución de dividendos por sobre la reinversión de utilidades.

El objetivo fiscalista no puede ser considerado válido para justificar nuevas privatizaciones. En primer lugar, porque muchas de estas empresas, como la propia YPF, dan ganancias. En segundo lugar, porque si bien hay firmas como Aerolíneas Argentinas que aún presentan un déficit operativo, esto se debe principalmente al delicado estado financiero y operativo en el que se encontraba la empresa en el momento de su re estatización –fuertemente endeudada y vaciada. Más allá de esto, difícilmente los gastos que se podrían ahorrar con su privatización logren compensar las pérdidas económicas y sociales para el conjunto del país. En este aspecto carece de sentido evaluar el desempeño de una empresa estatal desde la óptica de una firma privada: lo que puede resultar óptimo en términos microeconómicos puede ser subóptimo o incluso muy negativo para la eficiencia agregada de una economía provincial o nacional.

En este sentido, además de su potencial impacto directo en términos redistributivos, las empresas públicas pueden cumplir funciones muy importantes para evitar que se desaprovechen recursos del país que de otra forma quedarían ociosos (por ejemplo, en términos de empleo) o bien para cuidar recursos escasos (como las divisas o los recursos medioambientales).

Más allá que en algunos casos se pueda mejorar la relación entre gastos e ingresos (por ejemplo, aprovechando economías de escala), el objetivo prioritario de una empresa pública tiene que ser el de maximizar su utilidad social. Ello no debiera ser un impedimento para que las firmas estatales puedan ofrecer bienes y servicios de calidad que le otorguen legitimidad social.

Investigador del CONICET y del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. Integrante del IDESBA-CTA.