27 de abril 2022 - 14:49

Un fondo para el Fondo

Es importante evaluar el proceso de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri para poder analizar la propuesta que busca utilizar los capitales fugados para pagar el endeudamiento.

Evaluar los fundamentos macroeconómicos del Proyecto de ley que busca crear un Fondo para cancelar la deuda con el FMI mediante los dólares no declarados fugados al exterior, remite a la necesidad de dimensionar el proceso de endeudamiento del gobierno anterior que culminó en una crisis de deuda.

Al respecto, cabe señalar que entre el bajo nivel de la deuda en moneda extranjera de fines de 2015 y el nivel de la deuda insostenible de 2019 mediaron menos de 4 años de un ciclo inédito de endeudamiento que dinamitaron la economía argentina y su solvencia financiera.

No fue un ciclo de deuda basado en emisiones en pesos para cubrir el déficit fiscal sino que se trató de un proceso de endeudamiento basado en emisiones en moneda extranjera y con acreedores externos. Indiscutiblemente la de mayor complejidad por la escasez de dólares que presenta endémicamente la economía argentina y por las mayores dificultades que presenta su renegociación como lo ha demostrado la experiencia reciente de los holdouts.

Para cobrar una dimensión de la gravedad del asunto en el gráfico se exhibe el aumento anual promedio de la deuda externa pública, medida por la balanza de pagos del INDEC en dólares actuales. Macri se endeudó por 25.000 millones por año, cuando la última dictadura militar y Alfonsín lo hicieron por 10.000 millones, Menem por 6.700 millones, De la Rúa por 2.300 millones y el ciclo kirchnerista por menos de 1.000 millones de dólares.

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Es evidente que con esa montaña de deuda no existe, para una economía como la argentina, mercado alguno que pueda refinanciarla. Para decirlo concretamente: excluyendo las letras intransferibles del BCRA, los vencimientos totales en moneda extranjera que dejó el gobierno anterior eran 38.700 millones de dólares en 2022 y 33.200 millones en 2023. Cuando dejaron un país con bajas reservas líquidas y un saldo comercial que, tras el ajuste a las importaciones que provocó la devaluación, se ubicó en torno a los 15.000 millones de dólares, es decir, bastante menos de la mitad de esos vencimientos.

El actual gobierno ensayó una primera respuesta a este problema con la restructuración de la deuda con privados y el FMI, que si bien generó avances debería haber involucrado una quita superior.

Una estimación del centro de investigación CIFRA de la CTA indica que la quita nominal total entre 2022 y 2030, sumando el canje con privados y la renegociación con el FMI, fue del 12% de los vencimientos originales.

Su principal virtud fue, en cambio, posponer buena parte de los vencimientos al segundo lustro de los años veinte, donde habrá vencimientos en moneda extranjera en torno a los 15.000 millones en 2025-2026 y superiores a 20.000 millones entre 2027 y 2030. En el corto plazo los vencimientos rondan los 8.000 millones de dólares entre 2022 y 2024 pero la presión sobre las divisas será superior ya que por el acuerdo con el FMI se deberán acumular cerca de 5.000 millones por año como reservas internacionales netas.

En efecto, el problema sigue latente y se requieren de otros pasos e iniciativas para dar respuesta a la crisis de la deuda heredada. De lo contrario, su resolución de derivará en nuevos saltos devaluatorios con sus consiguientes efectos sobre las condiciones de vida de la población.

La vinculación de la deuda y la fuga

Otro acierto del Proyecto es el de conectar dos fenómenos que se vincularon entre sí durante la incubación de la crisis de la deuda. Es decir, la deuda y la fuga de capitales al exterior, aunque ciertamente en el Proyecto se apunta a una fracción de la fuga que es la no declarada por las personas jurídicas y humanas.

Conceptualmente la fuga de capitales al exterior consiste en el excedente que se desconecta del sistema económico local, es decir que no se invierte ni se consume y que tampoco se coloca en el mercado financiero local. Eso puede ser legal o ilegal y radicarse geográficamente en el país o en el exterior. En este caso, se apunta a la parte ilegal y ubicada en el exterior de la fuga de capitales.

Una medida bastante rudimentaria pero la más difundida de la fuga es la formación de activos externos del sector privado que considera la compra de divisas sin finalidad y no se la netea con los depósitos en dólares que no implicarían fuga. De todos modos, partiendo de la misma se advierte que los dólares que entraron por la vía de la deuda, salieron de la economía argentina mediante la fuga.

En términos más específicos, los 100.000 millones de dólares en que se endeudó Macri en moneda extranjera tendieron a financiar la fuga de capitales al exterior que fue de 86.000 millones. Ese nivel de fuga sería 9.000 millones inferior si se le descuentan los movimientos de los depósitos en dólares. Esta vinculación también se verifica en el marco de los desembolsos que tuvieron lugar durante el inédito e irregular endeudamiento con el FMI (ingresaron 44.500 millones de dólares en un contexto en los que la salida de capitales al exterior fue de 45.100 millones).

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Todo esto fue posible porque el gobierno de Juntos por el Cambio subió la tasa de interés, desreguló el mercado financiero y liberalizó el movimiento de capitales. De allí que esta experiencia tiene varios puntos en común con los procesos de valorización financiera cuyos antecedentes son la última dictadura militar y los años noventa.

Es innegable que la fuga es una problemática estructural en la economía argentina, sobre todo a partir de los procesos de valorización financiera y sus crisis que tienden a difundir la dolarización al conjunto de la economía, incluso en períodos donde el régimen económico se sostiene en la economía real. Pero los procesos de fuga son bien distintos en magnitud y financiamiento entre esos distintos regímenes económicos.

Por ejemplo, durante el kirchnerismo la fuga fue de aproximadamente 8.000 millones de dólares anuales y se financiaba del superávit comercial, en tanto que durante el gobierno de Macri la fuga fue de 22.000 millones anuales (casi tres veces más) y se financiaba con la deuda en moneda extranjera, lo cual empeora los términos del problema.

El agujero negro y la necesidad de investigar la fuga

Si bien la oposición persigue desprestigiar el Proyecto de ley apuntando a los beneficios que supuestamente recibirían aquellos individuos favorecidos por la corrupción u otros ilícitos, el mayor “agujero negro” entre las evidencias empíricas sobre activos externos en el exterior del sector privado y los bienes declarados en el exterior parecen corresponderse en mayor proporción por las grandes empresas.

En primer lugar cabe señalar que las evidencias disponibles constatan el protagonismo de las grandes empresas en la fuga de capitales al exterior. Según el informe “Informe de Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019” del BCRA, la fuga de capitales durante el gobierno de Macri tuvo una elevada concentración en empresas, ya que solo 1.000 firmas fugaron al exterior 42.000 millones de dólares, casi el 50% del total.

Esto también se verificó en 2001 cuando la Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados detectó que las primeras 1.000 empresas fugaron 24.846 millones de dólares en 2001, el 83% del total. Cabe señalar que el 70% de esas operaciones había tenido como destino a Estados Unidos.

En segundo lugar, ese protagonismo en los proceso de fuga de capitales no se reflejan en la declaración de activos en el exterior. Al respecto, cabe señalar que la Posición de Inversión Internacional que publica el INDEC indica que los activos en el exterior del sector privado alcanzaron a 360.000 millones de dólares en diciembre de 2021. Eso contrasta con la declaración de activos en el exterior que surgen de las estadísticas de AFIP. Mientras las personas físicas declararon activos en el exterior por 72.500 millones de dólares en diciembre de 2019, el último dato disponible de empresas es de apenas 9.000 millones de dólares (dato correspondiente a 2016 por la declaración del derogado impuesto a la Ganancia Mínima Presunta durante el gobierno de Macri).

De allí que una de las principales virtudes del Proyecto es la de brindar herramientas para investigar la fuga de capitales no declarados en el exterior. Para ello es fundamental el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de modo que los organismos competentes cuentan con la información necesaria para cruzar las diversas variables que permitan avanzar en una investigación de esta naturaleza. Eso, junto con la necesidad de obtener intercambios de información con Estados Unidos, es lo que permitirá ampliar el horizonte de posibilidad para captar bienes no declarados. Está claro que no se trata de una tarea sencilla, pero más riesgoso que intentarlo es no hacerlo, y más aún con la crisis de deuda que se debe resolver.

(*) Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Magíster en Economía Política (FLACSO). Investigador del CONICET. Profesor e investigador en el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO y el Departamento de Economía y Administración de la UNQ. Coordinador e investigador del CIFRA.

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