Otro dilema ético para la Corte Suprema

Desde ya que su accionar trajo aparejado que Rosenkrantz pidiera la regulación de honorarios por su participación como letrados por este acuerdo, en el que se estableció un monto de 151.000 millones de pesos que deben pagarse a la provincia de Santa Fe y en donde están los cuantiosos honorarios para estos abogados.

Así se estableció que se llevarán aproximadamente 25.000 millones de pesos, y el problema está en que quien debe resolverlo es la Suprema Corte de Justicia que la integra como vicepresidente el propio Rosenkrantz. Juez y parte en el mismo caso.

Otra de las contrariedades es que cuando se contrató a estos abogados se lo hizo de manera directa, es decir que el entonces gobernador Hermes Binner reconoció a los abogados porteños para la defensa de Santa Fe, sin pasar por ningún tipo de institución de control.

El punto es que debería pagarlo el Estado y tenemos derecho a saber por qué son estos honorarios y cómo pueden resolverlo quienes son juez y parte, y están directamente afectados sus propios intereses. Además, recordemos que tanto Rosenkrantz como los demás jueces de la Corte son sometidos a juicio por temas de similar característica.

Los jueces de la Corte Suprema están sustraídos de la legalidad, no solamente tienen altos sueldos sino que no pagan ganancias, tener médico personal, dos meses de licencia por vacaciones y muchos derechos que no tienen los trabajadores y trabajadoras del poder judicial.