Referentes de Juntos por el Cambio han justificado su oposición a avalar el proyecto de ley sobre el acuerdo con el FMI que presentó el oficialismo alegando que se trata de una “bomba de tiempo” que le va a terminar explotando al próximo gobierno. Las negociaciones con la oposición y dentro del propio oficialismo se dan a contra reloj dado que en los próximos 21 y 22 de marzo la Argentina debe pagarle al Fondo dos vencimientos por un total de USD 2.808 millones y el Banco Central no cuenta con las reservas netas suficientes para afrontar dicho compromiso.
No cabe duda que cualquiera de los posibles escenarios que se abren a partir de la aprobación o rechazo al acuerdo tendrá consecuencias negativas para el país, pero es necesario identificar el origen del problema, no sólo para establecer responsabilidades políticas sino también para que no sean los perjudicados de siempre los que paguen los costos sino aquellos que se han beneficiado.
El endeudamiento y la fuga durante el gobierno de Macri
Macri llegó a la presidencia a fines de 2015 prometiendo la “reinserción de la Argentina en el mundo”, lo cual lograría convirtiendo al país en “el supermercado del mundo” y generando una “lluvia de inversiones”. Para ello el gobierno de Cambiemos llevó adelante una serie de acciones y medidas tendientes a la desregulación comercial y la liberalización financiera. Sin embargo, el plan no surtió el efecto esperado. Las exportaciones se mantuvieron en niveles similares a los de 2015, mientras que fueron las importaciones las que se incrementaron, dando lugar a un déficit comercial récord en 2017. Por su parte, las inversiones extranjeras directas tampoco se reactivaron, aunque sí lo hizo la remisión de utilidades que envían las empresas radicadas en el país a sus casas matrices.
Todo ello agravó el déficit en la cuenta corriente del balance de pagos que tenía la Argentina, el cual fue financiado durante los dos primeros años del gobierno de Cambiemos a través de dos vías: con un inédito proceso de endeudamiento externo –habilitado por el acuerdo favorable a los fondos buitre-, y mediante el ingreso de dólares especulativos (inversiones de cartera), atraídos por los altos rendimientos que ofrecían los instrumentos financieros de corto plazo (LEBACs). Así fue que a partir de 2016 el endeudamiento externo se multiplicó un 330% en promedio, en tanto las inversiones de cartera –casi inexistentes durante los gobiernos kirchneristas– aumentaron un espectacular 4.213%.
Ello llevó a que la economía argentina quede muy expuesta al “humor” de los mercados financieros, lo cual se hizo evidente durante el segundo trimestre de 2018, cuando se “cortó el chorro” del financiamiento externo privado y se revirtió el flujo de inversiones de cartera, generándose una corrida cambiaria que sumergió a la economía argentina en una recesión. En ese momento el gobierno adujo –y aún lo siguen sosteniendo tanto el ex presidente como ex funcionarios- que el cese del financiamiento externo se debió a la suba en la tasa de interés que dispuso la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Más allá que esta medida fue largamente anticipada y que se trató de un alza relativamente moderada, no se entiende por qué el impacto negativo de la misma fue tanto mayor en la Argentina que en otros países de la región. En realidad lo que sucedió es que el mecanismo de “valorización financiera” instaurado por el gobierno se había vuelto insostenible: la “bola de nieve” del endeudamiento junto a un déficit en cuenta corriente récord del 5% del PIB y una constante salida de capitales terminaron poniendo en tela de juicio la capacidad de repago del país.
Si bien la crisis generó cierto alivio en la situación de la cuenta corriente a partir de una fuerte caída en las importaciones como consecuencia de la merma en el consumo y la producción, el déficit externo se mantuvo dado que no se frenó la masiva fuga de capitales, que fue sostenida con la venta de las reservas del Banco Central. Ante esta situación el gobierno de Macri decidió acudir al FMI, acordando el mayor crédito otorgado por el organismo a un solo país en toda su historia. La firma del acuerdo con el FMI, originalmente por casi USD 57.000 millones, implicó un aumento neto de la duda pública en moneda extranjera (neta de las tenencias intra-sector público) de USD 20.200 millones, para terminar alcanzando un incremento total de USD 100.000 millones en el período 2016-2019.
El crédito acordado con el FMI representaba el 1.277% de la cuota de la Argentina en el organismo y contaba con un exiguo plazo de repago: 36 meses. Las condiciones pactadas implicaban el pago de capital e intereses por el equivalente aproximado de USD 43.800 millones entre 2021 y 2023. De esta manera, la Argentina enfrentaba un cronograma de vencimientos de deuda en moneda extranjera (títulos públicos y obligaciones con el FMI) insostenible, alcanzando en el período 2020-2024 una cifra superior a los USD 100.000 millones.
Paralelamente, durante el gobierno de Cambiemos la fuga de capitales, según cálculos realizados por el Área de Economía y Tecnología de la FLACSO (Wainer, A. (ed.) (2021). “¿Por qué siempre faltan dólares? Las causas estructurales de la restricción externa en la economía argentina del siglo XXI”, Siglo XXI Editores), superó los USD 88.000 millones. Esta fuga fue facilitada mediante varios mecanismos como la supresión de controles y restricciones a la compra de moneda extranjera, la eliminación de tiempos mínimos de permanencia para las inversiones de cartera, el fin de la obligación de los exportadores de liquidar las divisas en el mercado de cambios y una redistribución regresiva del ingreso que favoreció el ahorro en “moneda dura” de los sectores de altos ingresos. La fuga no solo impacta por su magnitud, sino también porque la misma estuvo concentrada en el poder económico: según datos del Banco Central, 852 compañías -el 0,1% del total de empresas del país- explican el 80% de la fuga realizada por personas jurídicas. Cabe acotar que este nivel de concentración se encuentra subestimado ya que el mismo sería mucho más elevado si se considerara a los grupos económicos a los que pertenecen las empresas así como las compras de dólares realizadas a título personal por sus propietarios y accionistas.
¿A dónde fueron los dólares del FMI?
Tras la primera corrida cambiaria que tuvo lugar en abril y mayo de 2018, las reservas internacionales en poder del Banco Central descendieron unos USD 11.600 millones (el 19% del total), quedando apenas por encima de los USD 50.000 millones. A partir de allí se realizaron cinco desembolsos del FMI, los cuales totalizaron USD 44.500 millones a julio de 2019 (ver gráfico). Sin embargo, los dólares aportados por el organismo no se mantuvieron en las arcas del Banco Central ya que se usaron mayormente para financiar la fuga de capitales. De esta manera, al final del mandato de Macri las reservas internacionales no superaban los USD 44.000 millones, unos USD 6.600 millones menos que antes del primer desembolso del Fondo.
Gráfico columna FMI Andres Wainer
Las perspectivas frente al nuevo acuerdo con el Fondo
El acuerdo de Macri con el Fondo implicó una profundización del ajuste fiscal y monetario que venía aplicando el gobierno de Cambiemos, lo cual deprimió fuertemente la actividad económica y recortó los grados de libertad en el manejo de la política económica. Ello implicó pasar de una situación de impasse económico (desde 2012 se venían alternando años de débil crecimiento con otros con contracciones relativamente moderadas) para pasar a una situación de profunda crisis económica y social.
El proyecto de acuerdo presentado por el gobierno Alberto Fernández implica nuevos financiamientos que permitan ir haciendo frente a los vencimientos del crédito otorgado a Macri por los próximos dos años y medio (siempre y cuando se vayan cumpliendo las metas acordadas, que serán revisadas trimestralmente). Si bien no se exigen reformas estructurales y se estableció un sendero de reducción gradual del déficit fiscal y del financiamiento monetario al tesoro, sin dudas ello implicará una importante pérdida de soberanía en la definición de la política económica.
Aunque el período de repago, luego del período de gracia, será de 10 años (en la práctica los desembolsos netos comenzarán en 2026), el tamaño del crédito otorgado sigue siendo muy superior a la capacidad que presenta la economía argentina para generar dólares “genuinos” (fundamentalmente a través de exportaciones netas) para su repago. Ello llevará a que, seguramente, buena parte de los pagos deban ser nuevamente refinanciados, con lo cual el crédito contraído originalmente por el gobierno de Macri seguirá condicionando a la economía argentina por muchos años más.
En este sentido, la verdadera “bomba de tiempo” fue la que se instaló durante la gestión de Cambiemos; con el acuerdo propuesto, más que desactivarla, lo que se hace es “comprar” tiempo. De lo que no cabe dudas es que si la bomba estallase ahora, con una economía que apenas comienza a asomar la cabeza tras la crisis macrista y la pandemia, y que arrastra intolerables niveles de pobreza e indigencia, las consecuencias serían desastrosas. Dado que es improbable que pueda lograrse alguna quita en las actuales circunstancias, el desafío pendiente es pujar para que el sacrificio que debe hacer el país para cumplir con sus acreedores recaiga sobre aquellos que aprovecharon la valorización financiera y que se vieron beneficiados con el ciclo de endeudamiento y fuga, evitando así que, como suele suceder, el costo lo terminen pagando los sectores populares que se vieron perjudicados con las políticas aplicadas.
Investigador del CONICET y del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO. Integrante del IDESBA-CTA.
