En diciembre del año pasado, en un disco duro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se descubrió un video de una reunión de 2017 en la sede del Banco Provincia, donde funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de inteligencia y empresarios hablaban sobre la posibilidad de armar una "gestapo antisindical".
A partir del escándalo política que estalló producto de ese hallazgo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso comenzó a investigar si hubo violación a la ley de inteligencia y quiénes fueron los que estuvieron a cargo y detrás de esa maniobra en principio ilegal.
Durante el Gobierno de Mauricio Macri esta fue una práctica recurrente. Hay pruebas de sobra. Eso consta en expedientes judiciales, incluso en los miles de documentos y testimonios que recabaron los diputados y senadores de la Comisión.
El problema es que al día de hoy todavía quedan resabios de esas costumbres. En el marco de la causa que investiga los bloqueos de Camioneros en San Nicolás, se descubrió que hubo escuchas ilegales sobre las conversaciones que mantuvieron los abogados con los gremialistas implicados.
Ese descubrimiento fue posible gracias a pedidos que hizo la Comisión, a través de su presidente Leopoldo Moreau. Por eso todo el arco político de la oposición, especialmente desde Juntos por el Cambio, comenzaron a decir que el titular del organismo junto a otros dirigentes oficialistas estaban presionando a los jueces.
Es muy importante observar que la tarea que la AFI realizó durante el Gobierno de Mauricio Macri es contraria a la Constitución nacional porque los servicios de inteligencia están destinados proteger a la Nación de cualquier peligro o hecho externo, y no a investigar a ciertos sectores de la sociedad, lo que se llama espionaje interno
Más que nada con la historia de nuestro país donde durante la dictadura cívico-militar se produjo un accionar de estas características para investigar determinados grupos políticos y de afiliación sindical.