Oficializan cambios en programas sociales: capacitación obligatoria y beneficios para empresas contratantes

Por medio del Decreto 565, se crea el Programa de Inclusión Laboral que funcionará en el Ministerio de Trabajo y tendrá por finalidad "promover la capacitación y fortalecer el sistema formal" de empleo de las personas que "se encuentren desempeñándose en el ámbito de la Economía popular", tal como se indica en el primer artículo de la norma.

Se establece además que, a partir del 1° de enero de 2024, se transfiere "a la totalidad de las y los titulares" del Programa Nacional "Potenciar Trabajo", que dependían del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita de la cartera de Trabajo.

En tanto, los titulares de este Programa de Inclusión Laboral "podrán acceder a las prestaciones ofrecidas en el marco de las políticas y programas implementados en el ámbito del Ministerio de Trabajo relacionadas a la capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo, o desarrollar actividades socio-productivas, socio-laborales, o socio-comunitarias en el marco de una Unidad Productiva que la Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de auditar".

Este programa de inclusión contemplará "capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y gerencias de empleo y, además, van a tener el control de contraprestación", comentó Massa el martes.

También se refirió a la consolidación del programa Un puente al empleo, por el que "aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año".

"Para incentivar que estos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años", agregó, luego de señalar que "el empleador que tome a ese beneficiario de programa social va a tener que completar el salario de convenio".

Además, comentó que "el enorme desafío que recorre la Argentina es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente" y que hay que "generar oportunidades a aquellos que fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales o por una mirada pequeña por parte del Estado".

"Es muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos los argentinos", concluyó.

Los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social estarán además facultados "en el marco de sus respectivas competencias, a dictar las normas complementarias, aclaratorias y/o de aplicación que se estimen pertinentes para la implementación" de esta norma.

Las carteras serán también responsables de "promover la transferencia de créditos presupuestarios, bienes y dotación de personal -con su actual situación de revista-, existentes a la fecha del dictado de este acto, que resulte necesaria para la referida implementación".

El Decreto 565/2023 lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; de la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos; y de su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Se oficializan beneficios para trabajadores discapacitados y promueven su inserción laboral

En tanto, el Decreto 566/2023 establece que dejará de regir el impedimento formal para que las personas que tienen pensión por discapacidad no puedan acceder al mercado de trabajo y lleva la firma de Fernández, Rossi, Massa y Olmos.

Se deroga de así una normativa vigente desde 1997 y se establece que "la persona con discapacidad y en situación de vulnerabilidad" acceda al "trato más favorable en materia de inclusión laboral, a efectos de brindar una adecuada protección y garantía de igualdad".

El Decreto instruye además a los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, junto con la Agencia Nacional de Discapacidad, "a dictar normas y actos necesarios para la implementación de lo dispuesto".

Además, la Agencia Nacional de Discapacidad "dictará y determinará los criterios, procedimientos y documentación necesaria para el acceso y mantenimiento de las prestaciones instituidas".