Ganancias: el Gobierno busca imponer un impuesto que afectará a casi 2 millones de trabajadores

El Poder Ejecutivo enviará un paquete de medidas fiscales al Congreso, con el que busca reinstaurar la cuarta categoría. Incluirá a quienes cobren sueldos superiores a $900 mil mensuales de bolsillo.

Luego de sufrir un duro revés respecto al rechazo del DNU y la Ley Ómnibus, el Gobierno decidió presentar un paquete de medidas que incluye la restitución del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, que de convertirse en ley afectará el bolsillo de casi dos millones de trabajadores.

En los considerandos, el proyecto de Ley Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes señala que “tiene por fin recomponer los ingresos fiscales eliminados entre agosto y diciembre 2023, específicamente en lo referido al impuesto que recae sobre los ingresos personales de los contribuyentes con mayor capacidad contributiva”.

La iniciativa busca modificar la reglamentación vigente referida al Impuesto a las Ganancias que afecta a los trabajadores en relación de dependencia, una obligación tributaria que el Congreso había eliminado en septiembre de 2023 por una iniciativa del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y que el propio Javier Milei acompañó.

En aquella oportunidad, se estipuló un tributo sobre los ingresos más altos que comprende a quienes cobren sueldos superiores a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales. A valores actuales, el piso quedó en $2.340.000.

La restitución del impuesto a los salarios fue solicitada por los gobernadores desde el inicio de la era Milei, dado que la gestión anterior les quitó fondos millonarios a las provincias, que hoy buscan recuperar.

Si el proyecto avanza, se estima que alrededor de 1.800.000 personas pagarán el impuesto.

Según establece el texto, los trabajadores que ganen más de $908.587,88 netos quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, con alícuotas progresivas de entre 5% y 35%.

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Por otra parte, el proyecto fija los montos para las deducciones personales y las cargas de familia. Así, el importe de ganancias netas no imponibles asciende a $2.360.829 por año, mientras que la deducción por cónyuge o equivalente asciende a $2.200.918 y por hijo $1.109.931.

A su vez, la propuesta establece que las escalas y deducciones se ajustarán trimestralmente en enero, abril, julio y octubre de cada año por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), comenzando desde el cuarto mes de este año.

Con estas modificaciones, el mínimo no imponible se ubicará en $1.260.000 en salarios brutos de los trabajadores que estén solteros y no tengan hijos, mientras que ascenderá a $1.600.000 para las personas casadas, con dos hijos.

Fernando López Chiesa, socio del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, compartió su análisis sobre el proyecto con C5N y destacó que “la iniciativa constituye un quiebre con respecto a la normativa anterior”, dado que elimina muchas de las exenciones o reducciones establecidas por otras normativas, con la única excepción de la ley 26.176 aplicable a trabajadores petroleros.

“A partir de ahora todos los pagos que reciban los trabajadores, como horas extras, aguinaldo, bonos de productividad, fallos de caja, zona patagónica y viáticos de larga distancia, quedarán incluidos en el cálculo del impuesto y repercutirán fuertemente en el bolsillo de los asalariados”.

Por ello, consideró que “el punto central está en definir si el mínimo no imponible de $1.200.000 es una base justa o no para empezar a tributar el impuesto. Ese valor está en un nivel muy similar al de la canasta básica de alimentos”, agregó.

Por su parte, el especialista en tributación Sebastián Domínguez, señaló que el proyecto es similar al que se había puesto sobre la mesa en enero, por lo cual consideró que “los montos de por sí ya deberían contemplar un 36% de aumento, que es la inflación acumulada entre enero y febrero”.

Así, el mínimo no imponible ascendería a $1.700.000, lo que “es más razonable para el contexto actual”, señaló.

Además, advirtió que el proyecto “debería incluir una cláusula gatillo que establezca que, si en algún momento del trimestre la inflación acumulada alcanza el 20%, la actualización se pondrá en marcha a partir de ese momento”.

El especialista destacó que la principal virtud de la iniciativa radica en la progresividad que se le da al tributo mediante las nuevas escalas, aunque advirtió que en 2025 “debería haber una reforma tributaria que haga más progresivo el impuesto”.

Por último, remarcó que, en caso de que el proyecto se apruebe sin modificaciones, será retroactivo al 1° de enero lo que puede generar deudas a los contribuyentes, aunque anticipó que en esos casos “el proyecto contempla el cómputo de una deducción especial para compensar esta situación”.

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