Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

La nueva junta médica buscará determinar si se pudo haber realizado algún tratamiento o intervención en Silvina Luna cuando aparecieron los primeros granulomas en su cuerpo y, de esa manera, evitar el desarrollo de una hipercalcemia, un aumento de calcio en sangre que se produce por la insuficiencia renal.

Asimismo, se solicitó que se determine el momento exacto en el que habría resultado oportuno aplicar ese tratamiento, si es que existía posibilidad de hacerlo para revertir o frenar el proceso. Por último, la junta médica deberá probar si el médico imputado realizó el seguimiento posoperatorio adecuado de acuerdo al tipo de intervención que se realizó sobre la paciente.

Las pericias buscarán comprobar, además, si Lotocki estaba en condiciones de intervenir sobre su cliente para evitar el desarrollo de los granulomas y si iba a poder tratar las posteriores consecuencias que tuvo en su salud. Según trascendió, el pedido es concreto y busca determinar si el médico podía haber previsto o evitado el desenlace con medidas razonables.

Silvina Luna se había sometido a dos intervenciones médicas en manos de Lotocki en 2011, donde el imputado le colocó un producto de relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en lugares del cuerpo en que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la ciencia médica. Según consta en el portal Fiscales: “Ello le provocó alteraciones anatómicas en sus glúteos y muslos, con endurecimiento de la textura muscular”.

Por la mala praxis ejercida por el médico, en febrero de 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 condenó a Aníbal Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación del ejercicio de la medicina por cinco años. La Justicia lo consideró responsable también de las lesiones graves reiteradas que sufrieron Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal elevó la condena a ocho años, al determinar que también se había configurado el delito de estafa, y extendió a diez años la inhabilitación para el ejercicio profesional. Posteriormente, en abril, la Sala II ratificó esa resolución. Debido a la ampliación de las pericias médicas, este año la investigación quedará nuevamente bajo la responsabilidad de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1, que seguirá adelante con el proceso.