El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, junto a los jefes comunales de Juntos por el Cambio se pronunciaron con un comunicado "contra las tomas en Mar de Plata".
Intendentes de Juntos por el Cambio, contra las tomas en Mar del Plata
El jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y sus colegas pidieron y exigieron a la justicia y al gobernador Axel Kicillof que se investigue quién habría incitado los acontecimientos que calificaron como "graves".
Los jefes comunales exigieron a la justicia y a Kicillof que investiguen la usurpación del predio municipal.
El jefe comunal compartió en sus redes sociales un comunicado firmado por todos los intendentes del PRO de la Provincia de Buenos Aires donde sostuvo: "Las tomas en Mar del Plata son graves, requieren el compromiso judicial y del gobernador Axel Kicillof. Así nos manifestamos los intendentes del PRO de la provincia de Buenos Aires".
El texto de los funcionarios opositores llevó el título de "En contra de las tomas, a favor de la ley y el Estado de derecho" y remarcó: "Ante los graves hechos sucedidos el domingo pasado en Mar del Plata, donde se realizó una toma violenta de un predio que se utiliza como un reservorio (...) El camino hacia la vivienda propia tiene que ser la legalidad (...).
En este sentido, los dirigentes del PRO bonaerense pidieron a la justicia y exigieron "a la justicia y al gobernador" que investiguen "la conducta del funcionario del Instituto de la Vivienda" que según la denuncia "habría incitado las tomas".
Cómo fue la toma de terrenos en Mar del Plata
El municipio de Mar del Plata, a través de su intendente Guillermo Montenegro, pidió a la justicia que desaloje los terrenos ocupados por alrededor de unas 45 familias y que son parte de un predio municipal.
La denuncia del dirigente del PRO calificó a los vecinos como "delincuentes" que se asentaron sobre la avenida Fortunato de la Plaza al 8700, en el barrio Las Heras, pero el pedido fue rechazado por la justicia.
El juez de Garantías, Saúl Errandonea, rechazó el planteo del jefe comunal y pidió a las partes arribar a una “solución pacífica”, al tiempo que determinó la “prohibición de ingreso de nuevas personas" al lugar. Montenegro calificó la decisión judicial como un "disparate".
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