El Gobierno oficializó la salida de Thierry Decoud, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) acusado por sospechas de corrupción y pago de coimas. Además, se ordenó una auditoría a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) con el objetivo de verificar la denuncia y conocer el estado de la compañía.
La medida se formalizó a través del Decreto 841/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La norma establece que "con el objeto de asegurar la integridad y transparencia de la gestión deviene necesario disponer la realización de una auditoría integral a los fines de contar con información precisa y adecuada, con el objetivo de esclarecer la situación en la cual se encuentra involucrada actualmente YCRT" e instruye a la SIGEN para su realización.
El Informe de Entrega y Recepción que contenga "la información necesaria para conocer el estado de situación administrativa, patrimonial y financiera y, eventualmente, la consumación de hechos o irregularidades que podrían configurar un acto ilícito en el ámbito penal y/o administrativo de YCRT" deberá ser presentado en el plazo de 30 días hábiles.
La denuncia contra Thierry Decoud
Thierry Decoud de profesión ingeniero, había sido designado interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de Santa Cruz, en diciembre de 2023 a través del Decreto 81/2023.
El funcionario quedó en el ojo de la tormenta luego que se revelara en una investigación periodística la existencia de dos “intermediarios”, identificados como Andrés Gross y Alejandro Saleme, quienes le pidieron un retorno a Decoud para que se lleve a cabo una operación con la empresa israelí TEGI.
En las conversaciones telefónicas analizadas con los ejecutivos de la compañía quedaron registradas las voces de los hombres mencionados donde le sugirieron un presunto pedido de coimas. El mismo estaría relacionado en la operación a cerrarse en el mes de junio de la compra de 30 mil toneladas de carbón por alrededor de 2.100.000 dólares.
"Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, 2 meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta. No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre", se lo escuchó decir a Gross.
Por su parte, Yarke Ariet, representante de TEGI en la Argentina, planteó: "No tengo margen para aportar más contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que estoy comprando por obligación, considero que no está en las condiciones óptimas".
"Nosotros no solemos proceder de esta forma, me llama la atención que una empresa estatal divulgue información a una persona de reventa para que después venga a decirme si no estoy en el negocio esto no se cierra . Pensémoslo, esto no me parece amigable. Pero la decisión la toma el presidente de mi compañía. Tengo capacidad de veto pero no la voy a usar, quiero ver cómo sacamos el negocio adelante", concluyó.