El Gobierno ordenó la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por el plazo de 180 días "con el objetivo de elevar sus estándares de seguridad operacional, optimizar y digitalizar procesos administrativos y auditar sus últimos años de gestión". Los representantes sindicales y trabajadores del sector se encuentran en estado de alerta ante potenciales despidos y recortes en las funciones del ente regulador.
El Gobierno dispuso la intervención de la ANAC por 180 días
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la reestructuración del organismo en sus redes. Sindicatos y trabajadores del sector, en estado de alerta.
La ANAC será intervenida durante 180 días.
En el decreto 606/2024 publicado en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte dispuso la inmediata reestructuración del organismo que continuará bajo su órbita, a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo.
La flamante interventora de la ANAC será la abogada María Julia Cordero, quien ya estaba cumpliendo tareas en la Secretaría de Transporte. Fue parte del equipo del Ministerio de Defensa cuando se emprendió el Proceso de transferencia del Comando de Regiones Aéreas y la creación de la ANAC. Se ha desempañado también en Aerolíneas Argentinas, en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y en la Junta de Seguridad en el Transporte.
La medida, confirmada por el vocero presidencia Manuel Adorni en cuenta de X (exTwitter), busca "generar una reestructuración con plazos y procedimientos de excepción, por lo que la intervención resulta el instrumento más idóneo y adecuado para esa tarea".
"Este trabajo requiere transformar a la ANAC en un organismo eficiente, ágil, acorde a las exigencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que van en consonancia con las reformas que se están introduciendo en materia de desregulación del sistema aerocomercial", informó el comunicado oficial.
Desde los trabajadores de la ANAC manifestaron su preocupación sobre un posible achicamiento del organismo que podría resultar en una significativa reducción de competencias y controles. Entre las áreas amenazadas se encuentran el cuerpo de bomberos y el control de pistas de los aeropuertos, funciones que podrían ser transferidas a concesionarios privados.
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