Camino a la privatización: el Gobierno intervino la empresa Corredores Viales

Entre sus responsabilidades, Adem deberá realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, evaluar el estado financiero y operativo de la empresa, presentar una rendición de cuentas detallada y elaborar un plan de acción para su reformulación, que podrá incluir modificaciones al estatuto y deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía.

También se revisará la administración de compras y contrataciones, se auditará el estado de los corredores viales y se operará la sociedad durante el período de transición hasta su disolución y liquidación. La interventora tendrá facultades exclusivas para representar la sociedad y podrá designar o remover personal.

La empresa registró un saldo negativo en 2023, con deuda con proveedores por $142.000 millones, pérdidas acumuladas por $268.000 millones y aportes del Tesoro Nacional por $301.000 millones.

En febrero, el Decreto 97/2025 habría autorizado "el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje", que concluirá con "la disolución y posterior liquidación de la empresa, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas".

"El sector privado se hará cargo de la ejecución de obras y gestiones necesarias a su cuenta y riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes", explicó entonces el vocero presidencia, Manuel Adorni. En total, se transferirán más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80% del tráfico.