Son los recursos que no alcanzan

Al final, el Gobierno nacional tuvo que retroceder. Fue frente a los fiscales federales que venían repitiendo que en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no estaban dadas las condiciones para implementar el sistema acusatorio. Son los mismos que llegaron a decirle al ministro de justicia Mariano Cúneo Libarona que en la Casa Rosada vivían en Narnia. Al se impusieron. La realidad le ganó al relato.

La semana pasada, el Gobierno emitió una resolución. Parecía un escrito en burocrático pero era una carta de rendición. Allí se informaba que se decidió “diferir la entrada en vigencia” del nuevo Código Procesal Penal Federal —ese que incluye el sistema acusatorio— para la jurisdicción de CABA. La fecha, que estaba prevista para este mes, ahora se corre hasta el 20 de abril de 2026.

¿Y por qué? Porque los fiscales, en esa última reunión con Cúneo Libarona, le habían mostrado sutilmente los dientes. Afirmaron que para implementar el sistema acusatorio —donde los fiscales pasan a ser protagónicos, y donde la oralidad manda— faltaba todo. Ese todo eran: más fiscales (el desierto de vacantes es alarmante), plata, peritos, conexión a internet, salas de audiencia… hasta las sillas parecían escasas. Faltaba, en criollo, la nafta para el motor nuevo.

Pero hay un detalle que no pasa desapercibido, un dato en el final de la resolución. La firma digital no la estampó el ministro de Justicia —que por estos días se repone de una operación de rodilla—, sino Patricia Bullrich, todavía en su cargo de ministra de Seguridad. Tampoco firmó el viceministro Sebastián Amerio. Dicen que las acciones de Amerio cayeron en picada después del triunfo de la estrategia Karina Milei en las elecciones de medio término. Quienes negociaban con él recibieron el aviso mordaz: de ahora en más, se habla con la hermana del Presidente, o con quien ella designe. Habrá que ver cómo se resuelve esa tensión en el “triángulo de hierro” que hace mucho no es un triángulo ni de hierro. El tablero del poder, siempre movedizo, hoy parece un rompecabezas sacudido.

El problema de fondo, el que no se difiere ni se firma con otro nombre, es el de los recursos. Es la tensión constante, el pulso silencioso entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Esta misma semana, la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales tiró un comunicado que parece un dardo al vacío: expresaron su “profunda preocupación” por el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 para el Poder Judicial. Hablan de una reducción del 8% general y —atención— del 74% en Bienes de Uso.

“De mantenerse esa previsión —advierten—, se afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”. Lo repiten como un mantra: sin plata, no hay independencia. Y sin independencia, el Estado de Derecho es pura fachada. Al menos en la teoría, es como lo plantean.

Un ejemplo concreto que permite graficar con predicción cómo impacta la escasez de recursos en el curso de las investigaciones puede verse en la causa de José Luis Espert. El fiscal Fernando Domínguez logró secuestrar 31 celulares. Treinta y uno. Pero tendrá que esperar hasta fin de diciembre para que le hagan la copia forense de todo el contenido. Es una causa que investiga la posible conexión entre un narcoempresario y un dirigente político. Algo urgente, algo que no puede esperar.