La marcha del 1 de febrero contra los integrantes de la Corte Suprema tiene varios convocantes y diferentes propósitos. No es, como intentan decir desde ciertos sectores políticos y mediáticos para partidizarla, "una marcha del kirchnerismo". Distintas organizaciones, asociaciones civiles y muchos ciudadanos se mostraron a favor de la iniciativa.
Y no es llamativo si uno observa la falta de legitimidad del máximo tribunal: 8 de cada 10 argentinos y argentinas no confía en el Poder Judicial.
Están claros los motivos: es la corte de la demora y la suprema regresividad desde noviembre de 2015, con distintas sentencias profundamente regresivas en materia de derechos humanos y derecho laboral. Parece ser que lo único que le interesa son los temas de la corporación judicial y hacerse de la caja de la Magistratura.
Por eso utilizaron el recurso extraordinario del per saltum para tratar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Pertuzzi y Germán Castelli mientras están sin resolver más de 50 causas que tratan delitos de Lesa Humanidad y casos de personas detenidas sin sentencia firme esperando una decisión.
Las reacciones contrarias a la marcha del 1F desde distintos sectores del poder exhiben una certeza: la falta de tolerancia de la Corte Suprema a la interpelación de la sociedad.