La seguridad vial, una deuda pendiente en la agenda pública argentina

En años anteriores, los números habían sido más altos: en 2018 se registraron 5.493 víctimas fatales; en 2019, 4.898; en 2020, aunque hubo disminución probablemente influida por la pandemia de COVID-19, fueron unas 3.601 muertes; en 2021, 4.483; en 2022, 4.653.

Una caída sostenida en la tasa de mortalidad: por ejemplo, ha habido una reducción en la tasa de muertos por cada 100.000 vehículos, estimándose que en 2013 era de unas 63 muertes, mientras que para 2023 se sitúa en torno a 35 fallecidos cada 100.000 vehículos.

Un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indica que los siniestros viales en Argentina generan costos equivalentes aproximadamente al 1,7 % del PIB.

Estos datos muestran que, aunque hay señales de mejora, la magnitud del problema sigue siendo muy alta: vidas que se pierden, familias afectadas, hospitales con mayor presión, pérdidas de productividad, e inversiones públicas que se destinan a reparar daños que podrían prevenirse.

Para avanzar hacia una movilidad segura, sustentable y equitativa, Argentina necesita reforzar e implementar políticas integrales. Algunas recomendaciones clave:

Fortalecer los controles y la fiscalización

• Mejorar el control del uso del casco en motociclistas, cinturón de seguridad en automovilistas, respeto a los límites de velocidad, controles de alcohol y drogas.

Infraestructura vial segura

• Diseñar rutas y vías urbanas con criterios de seguridad (bordes seguros, barreras de contención, iluminación adecuada, pasos peatonales visibles).

Educación Vial

• Programas educativos continuos desde las escuelas, para formar conductores responsables desde edades tempranas.
• Formación obligatoria para conductores de vehículos (autos, motos) con capacitación práctica y teórica adecuada.

Recolectar datos de calidad y monitorear resultados

• Sistemas de información confiables, actualizados, georreferenciados que permitan identificar zonas de siniestralidad crítica.

Estudios costo-beneficio para orientar inversiones.

• Transparencia en los informes y rendición pública de los resultados de las políticas aplicadas.

Inversión sostenida

• Destinar presupuesto específico para seguridad vial, no solo para reacción (hospitales, reparación de rutas), sino para prevención.
• Financiamiento para tecnología, capacitación, infraestructura verde (espacios seguros para caminantes, ciclistas), transporte público seguro.

Implementar políticas de movilidad segura no es un gasto sino una inversión. Cada muerte evitada, cada herido menos grave, significa menos costos para el Estado en salud, menos pérdidas económicas, menos sufrimiento para las familias.

Argentina está en un momento donde los datos muestran que las mejoras son posibles, pero todavía faltan compromisos y acciones concretas. Es hora de que las autoridades nacionales y locales, la sociedad civil, los medios de comunicación, y el sector privado unan esfuerzos para que las rutas, las calles, las veredas se conviertan en espacios seguros para todos.

Pablo Azorin es especialista en seguridad vial y movilidad sostenible.