6 de agosto 2022 - 10:56

¿Cuáles son las pruebas en la causa Vialidad?

Esta semana se llevó a cabo el alegato de acusación contra los 13 acusados, entre ellas la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hay que señalar varios elementos que volvieron a encender las sospechas de lawfare.

Esta semana se llevó a cabo el alegato de acusación contra los 13 acusados en el juicio conocido como "Vialidad", en el que los principales imputados son la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez. En el juicio se debaten las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales para la provincia de Santa Cruz.

Iniciadas las audiencias, hay que señalar ciertas cuestiones que volvieran a encender las sospechas de la existencia del lawfare en la causa. Por ejemplo, las visitas de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola a la Casa Rosada y la residencia de Olivos en momentos en que era presidente Mauricio Macri.

Otro dato: según la Fiscalía, "hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados" para la realización de las obras que, aseguró, generaron "inconmensurables pérdidas para el Estado" y "siguen sin terminarse". Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.

Por eso la Unidad de Información Financiera (UIF) había considerado "irresponsable avanzar en una acusación".

En ese sentido, al prestar declaración indagatoria al inicio del proceso judicial que comenzó el 21 de mayo de 2019 y cuando todavía era presencial (tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19), Cristina negó su responsabilidad en el caso y sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Macri y que la causa "forma parte del lawfare".

Se estima que el tribunal deberá emitir su decisión a finales de noviembre próximo o durante el mes de diciembre y los fundamentos del fallo se darán a conocer en el primer trimestre de 2023. Sólo entonces las partes estarán en condiciones de apelar la decisión de los jueces.

Cualquiera sea la decisión, el proceso ingresará en una etapa de apelaciones y recursos que se extendería no menos de un año para que exista un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal.

Esa no era la última instancia del juicio, ya que todavía estará pendiente una decisión de la Corte Suprema -que no tiene plazos establecidos para un pronunciamiento-, como última revisora del fallo.

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