Keiko Fujimori decreta el estado de emergencia por 60 días para enfrentar el crimen en Perú

El Gobierno de Perú, bajo el mandato de la presidenta Keiko Fujimori, decretó el estado de emergencia durante 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, en la región de Ica, con el propósito de combatir la criminalidad.

La normativa oficial establece la suspensión temporal de cuatro derechos constitucionales de los ciudadanos. Entre las garantías afectadas se encuentran la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.

La Policía Nacional asume el control y el mantenimiento del orden público durante el plazo fijado por el Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo directo a los agentes policiales para cumplir este objetivo.

El Estado exigirá una autorización previa para la realización de eventos con concentración masiva de personas. Además, el Gobierno extendió medidas similares a distintas provincias de Tumbes y La Libertad.

El plan oficial incluye operativos urbanos y penitenciarios

Estas nuevas disposiciones gubernamentales se suman al estado de emergencia vigente en Lima y el Callao. En ambas zonas, las fuerzas de seguridad despliegan misiones destinadas a erradicar el delito y la violencia.

El programa de seguridad también incorpora acciones directas en los establecimientos penitenciarios. Estas tareas contemplan la vigilancia militar y la realización de pruebas de polígrafo al personal de custodia.

La estrategia estatal determina el desmantelamiento de antenas ilegales y la instalación de inhibidores de señales electrónicas. El propósito central es impedir las comunicaciones de las organizaciones criminales desde el interior de las cárceles.