El Gobierno aplicó modificaciones al Presupuesto 2025, con ajustes en varias áreas

Aclaran, igualmente, que la partida extraordinaria de $200 mil millones para asistir a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca y General Cerri no está incluida en el decreto.

Entre los principales puntos del decreto se encuentran

• Deuda de Distribuidoras Eléctricas: Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.

• Inversión Energética: Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff - La Barrancosa, en Santa Cruz.

• Financiamiento para Provincias: Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.

• Reasignación de Fondos: Se incrementan partidas para el Ministerio de Seguridad, destinadas a fortalecer el monitoreo de personas procesadas o condenadas. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)

• Educación: Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.

• Aportes Internacionales: Se aprueban pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas.

Asimismo el decreto ratifica la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, con la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios. La normativa fija un cupo fiscal de $195.000 millones para beneficios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.