El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, se negó a recibir la notificación para presentarse este martes en la comisión investigadora del Congreso que indaga sobre caso Libra, el escándalo por la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei y que derivó en pérdidas millonarias para miles de ahorristas. La ausencia de Melik ya se da por descontada en la reunión.
El titular de la Oficina Anticorrupción se niega a declarar sobre el caso $LIBRA en el Congreso
Alejandro Melik no quiso recibir la notificación que lo informaba de la citación de la comisión investigadora del Congreso.
El viernes pasado, cuando se intentó notificarlo formalmente, allegados al funcionario alegaron que estaba en una videollamada, por lo que los oficiales notificadores dejaron la citación pegada en la puerta de su oficina.
Los legisladores que integran la comisión remarcaron que la intención de interrogarlo es central, ya que la OA fue el organismo que exculpó a Milei bajo el argumento de que los mensajes en redes sociales sobre Libra habían sido emitidos desde su cuenta “personal”.
La comisión busca precisar por qué el organismo anticorrupción no abrió una investigación formal sobre el Presidente, y en qué circunstancias se creó y desactivó en pocos días la unidad de tareas que elaboró un informe para el juzgado.
De persistir en su negativa, Melik volverá a ser citado. En caso de una nueva ausencia, la comisión podría pedir la intervención de la justicia para que sea llevado a declarar por la fuerza pública.
A la reunión de este martes también fueron convocados la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y los exagentes de la OA Luis Villanueva y José Mazzoni.
Además, la comisión definirá un nuevo cronograma de citaciones que incluiría a Karina Milei, al vocero presidencial Manuel Adorni, y a varios empresarios vinculados al proyecto, entre ellos Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
El cuerpo legislativo tiene un plazo de tres meses para concluir su investigación y, de hallar irregularidades graves, recomendar la apertura de un eventual juicio político contra los funcionarios implicados.
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