El Gobierno dio de baja la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay e inició una investigación ante la presentación de una sola oferta

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló que durante todo el procedimiento de licitación sectores de la política, medios de comunicacón y sectores empresarios "hicieron lobby en favor de su propios intereses" y le demandaron al Gobierno que baje los estándares técnicos del pliego en beneficio propio.

Además señaló que el Gobierno fue acusado de direccionar la licitación en favor de Jan de Nul, la actual empresa dragadora de la vía, que finalmente no presentó ofertas. "También se nos acusó de ser muy exigentes, de negocios incompatibles, de corrupción, entre otras falsas acusaciones que habitualmente nos hacen en diferentes asuntos", expresó Adorni.

El vocero contó que cada impugnación fue respondida de manera pormenorizada ante la Justicia, que concluyó que no existió ninguna irregularidad en el procedimiento de selección ni en la documentación licitatoria.

"No deja de llamar la atención que la única oferta presentada fue de DEME, la empresa que se ocupó de teñir el proceso de una supuesta falta de transparencia, que no era tal, y falsos direccionamientos a través de manifestaciones públicas, reclamos administrativos y demandas ante la justicia que finalmente desistieron pocos días antes de ser los únicos en presentarse en la licitación", indicó Adorni.

"También llama poderosamente la atención que pese a haber más de 11 empresas inscritas para participar, de haber recibido consultas formales y de tener conocimiento informal de que alguna compañías ya estaban preparando su documentación licitatoria para competir solo se haya presentado una única oferta", agregó.

Ante esa situación anunció que el Estado decidió dar inmediata intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investiguen la posible presión por parte del único oferente sobre las restantes empresas o la existencia de una presunta asociación ilícita en perjuicio del estado nacional y los productores argentinos.

"La investigación servirá para aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta licitación, para demostrar a todos los actores interesados en futuras licitaciones del Estado nacional que el gobierno será implacable ante cualquier intento de manipular los resultados y también para llevar a la justicia penal a los responsables de querer defraudar al pueblo argentino", completó.