En medio de las voces críticas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció Javier Milei el miércoles por la noche, el abogado Andrés Gil Domínguez aseguró que la medida "no es constitucional".
Andrés Gil Domínguez afirmó en diálogo con C5N que "lo que está intentando el Presidente es una metodología de sustitución del Congreso".
En medio de las voces críticas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció Javier Milei el miércoles por la noche, el abogado Andrés Gil Domínguez aseguró que la medida "no es constitucional".
"Se trata de un delito que puede recibir penas porque el Presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. El DNU tiene que usarse solamente en una situación de urgencia que impida funcionar al Congreso", analizó el letrado en diálogo con la periodista Luciana Rubinska en Turno mañana por C5N.
En la misma línea, agregó: "Lo que está intentando el presidente es una metodología de sustitución del Congreso. Está abusando del derecho publico, desviándose del poder que le da esta excepción para sumarle al Poder Ejecutivo la función legislativa".
El especialista se suma a la opinión del abogado y profesor de derecho constitucional Pedro Caminos, quien aseguró que este DNU debe contar con la mayoría en las cámaras para no ser rechazado. Además, advirtió que se trata de una estrategia "prohibida" que “entra en vigencia y mientras no es derogado, el decreto surte sus efectos”.
Félix Lonigro, otro colega, por su parte, evaluó: “Esto, que en principio es profundamente antirrepublicano, ha sido una facultad que sobre todo ejerció el ex presidente Carlos Menem. Pero en la reforma constitucional de 1994 -gracias al Pacto de Olivos- fue blanqueado en la Constitución Nacional”.
El abogado constitucionalista Raúl Ferreyra trazó un preocupante panorama sobre el decreto de necesidad y urgencia publicado por el presidente Javier Milei, opinó que es "abiertamente inconstitucional" y sentenció que se trata de "una suerte de suicidio de la democracia".
"El decreto es abiertamente inconstitucional, porque la legislación que se quiera llevar a cabo con vocación de permanencia tiene que ser hecha por el Congreso. Es una atribución de la suma del poder público que se dirige al artículo 36 de la Constitución, que dice que es un atentado al orden democrático", explicó en diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10. "Esto es una suerte de suicidio de la democracia", resumió.
Ferreyra no descartó que la decisión derive en la posibilidad de iniciar un juicio político al Presidente. "Han dado vuelta el orden institucional, si un estudiante nos dice que estas materias puedes ser legisladas por DNU, lo mandamos a estudiar de nuevo", graficó.
Respecto a los mecanismos para intentar frenar los efectos de la medida, el letrado fue escéptico debido a que "la ley de control de los DNU es malísima, lo que provocó que ningún decreto de necesidad y urgencia haya sido controlados y rechazados. Es tan mala que no tiene plazo".
El presidente Milei anunció una serie de leyes que derogará el megadecreto que se publicará en las próximas horas y que contiene además las principales reformas del sistema económico. Según dijo, el objetivo es "solucionar los problemas de regulaciones, controles de precios, cepos", con los que "el Estado se volvió una maquina de impedir".
Entre las principales medidas anunciadas:
1. Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.
2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.
3. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.
4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados actores del poder.
5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.
6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial.
7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial.
8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas.
9. Derogación del régimen de sociedades del Estado.
10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.
11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.
12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.
13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.
14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.