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Desde Casa Rosada remarcaron que el Ejecutivo provincial "se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas".
No se pronunció el arzobispado de la Ciudad donde ocurrió la represión a los jubilados. Sólo hablaron un obispo, dos pastorales sociales, y los curas que fueron al reclamo en el Congreso.