El establishment económico y el judicial condicionan a la política en un año de elecciones

Mientras la inflación avanza, el Poder Judicial sigue sin poder encontrar límites para la judicialización de la política, tras el fallo de la Corte Suprema en San Juan y Tucumán.

Dos eventos de índole muy diversa han jaqueado esta semana el panorama político de modo preocupante, aunque no inesperado. Lo sabemos: la economía y sus rigores, por un lado, y el Poder judicial, por otro, han relegado a un rol de vasallaje frente a fuerzas que dejan inerme a cualquier gestión.

Esto no exculpa para nada a los dirigentes que han propiciado estas situaciones o se han entregado de modo manso al posibilismo, pero conviene detenernos en el análisis para intentar comprender la frágil situación institucional en la que se encuentra la Argentina.



Por un lado, la decisión de tres de los cuatro miembros de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán marcan que aún no hemos encontrado límites para la judicialización de la política, práctica que complica cualquier gestión en un clima cada vez de mayor tensión.

En efecto, la actuación de la Corte no es tan peligrosa por su decisión en relación con el fondo de la cuestión -existen argumentos para cuestionar tanto la candidatura de Uñac a gobernador de San Juan como la de Manzur a vice en Tucumán-, sino con el momento en el que los supremos decidieron dictar su fallo. A cuatro días de los comicios no hay modo de hacer algo que evite la suspensión.

De hecho, al menos en Tucumán, el tema ya se había tornado abstracto el jueves por la noche, horas después de la suspensión, al anunciar Manzur su renuncia a la candidatura y, sin embargo, no hay forma de avanzar con el acto eleccionario.

Para evitar cualquier confusión, no estamos diciendo aquí que el problema es que la Corte se haya demorado por deficiencias de la administración de Justicia, algo que no es deseable pero que sucede. La sospecha, en función de la actuación de los supremos en los últimos tiempos, es que la dilación ha sido a propósito. Que este fallo ya estaba decidido hace bastante tiempo y que se dio a conocer a último momento para provocar la suspensión inevitable de las elecciones.

Se sabe, la Corte hace tiempo que se rige por parámetros fuertemente políticos, no solo en el contenido de sus fallos, sino también en los tiempos que maneja. Una oposición ensoberbecida por lo que consideran un triunfo en dos provincias en las que probablemente hubieran perdido en las urnas, se olvida que esto sienta un precedente complejo hacia el futuro. Si se acepta tibiamente, y hasta con agrado, la vulneración de las autonomías provinciales y las volvemos también rehenes de la politización de la Justicia, serán muchas las elecciones futuras que pueden ser cuestionadas.

No casualmente, a caballo del fallo de la Corte, ya hay una presentación de la intendenta cambiemita de La Rioja, impugnando la elección del último domingo en la que el peronismo recuperó la capital, y otra de la oposición formoseña cuestionando la postulación de Gildo Insfrán, a pesar de que -nos guste o no- la constitución provincial no establece límites para los mandatos.

Una última consideración surge del análisis de los tiempos y el modo en el que la Corte falló en dos situaciones que no habían agotado las instancias provinciales: ¿podemos con tanta fuerza como antes cuestionar a quienes hablan de una amenaza de proscripción a Cristina Kirchner similar a la que se dio con Lula Da Silva en Brasil?

Los muchos especialistas que nos plantean que los tiempos procesales no permiten pensar en ninguna decisión previa a las elecciones en la Causa vialidad, ¿estarán tomando nota del modo y la celeridad con la que Rosatti, Rosenkratz y Maqueda decidieron sobre competencias y otras cuestiones en los casos de San Juan y Tucumán?

Por supuesto que el otro tema muy complejo de la semana es el económico. El índice de inflación del 8,4 % condiciona la vida de los argentinos de modo dramático y también lo hace con la política. Si el oficialismo tiene pocos candidatos competitivos, no poder enderezar el rumbo de la economía de bolsillo de la gente, lo ayuda aún menos. Sobre todo, teniendo en cuenta que una de las máximas esperanzas electorales de un sector es el propio ministro de Economía, Sergio Massa.

El ex presidente de la Cámara de Diputados asumió en un contexto durísimo y logró estabilizar ciertas variables macroeconómicas, pero la fragilidad de su gestión y los malos resultados en materia de control de precios no permiten vislumbrar un camino allanado hacia la presidencia.

Volviendo a Brasil, Massa imaginó ser el Fernando Henrique Cardoso de Alberto Fernández. Esto es un hombre que desde la cartera de Hacienda encaminara el rumbo de un gobierno errático y lo sucediera. Todavía no lo ha logrado y parece que el tiempo se acaba.

Por eso, quizás, se haya revitalizado el clamor por Cristina Fernández candidata. Son muchos en el Frente de todos los que creen que la única persona que puede evitar una derrota aplastante en los comicios presidenciales es la vicepresidenta.

Algunos, pensando sobre todo en la gobernabilidad hasta el 10 de diciembre, señalan que lo importante es llegar competitivos hasta el balotaje. Perder no sería la peor opción. Perder por mucho y condenar a la gestión Fernández a un naufragio antes de tocar tierra puede ser aún peor.

Es por eso que los organizadores del acto del 25 de mayo en el que se celebrarán los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y los 50 de la de Hector Cámpora tienen puestas todas las expectativas en que la expresidente brinde señales positivas a un clamor que ya se volvió operativo.

En el medio, habrá varios encuentros del PJ -porteño, bonaerense y nacional-y elecciones en cuatro provincias (en San Juan se votarán finalmente todas las categorías menos la de Gobernador y vice). Que esto último le dé un respiro al FDT parece poco probable, pero al menos puede permitirle tomar cierta iniciativa de cara a los comicios de agosto, octubre y noviembre.

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