Agentes de la Dirección General de Aduanas-AFIP lograron desarticular una organización que se dedicaba al contrabando de contenedores en las provincias de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires. La maniobra ilegal involucra a más de 3 mil contenedores que eran comercializados en el mercado interno, sin haber sido nacionalizados ni abonados los tributos correspondientes.
La Aduana desarticuló una organización que contrabandeaba contenedores por $400 millones
Agentes del organismo lograron identificar 3 empresas que comercializaban más de 3 mil contenedores en el mercado interno, sin haber sido nacionalizados y ni abonados los tributos correspondientes.
Se realizaron 13 allanamientos en Córdoba y Buenos Aires donde se identificaron 61 contenedores sin derecho a uso en la provincia del centro del país, como así también se relevaron otros 3.000 contenedores en dos depósitos.
En el plano legal, el régimen de admisión temporal de contenedores, que los exime de tributación, prevé como finalidad su ingreso y egreso transportando mercaderías dentro de la operatoria del comercio exterior, estableciendo un plazo de admisión de 480 días para su reexportación. En caso de querer nacionalizarlos, se debe abonar los tributos correspondientes, hecho que no ocurrió.
La investigación, a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Córdoba y la intervención del Juzgado Federal N° 2 de dicha provincia, precisa que se pudo determinar el esquema de operación de las 3 empresas.
La operatoria implicaba la compra de las unidades en el exterior, el giro de fondos con intervención de empresas extranjeras para ocultar el real origen del dinero, la presentación de documentación apócrifa y la intervención de 4 auxiliares de comercio exterior.
Para la investigación, Aduana contó con información brindada por Chile y Paraguay, en el marco de los convenios de cooperación internacional a los que suscribe la Argentina. De esa manera, se pudo determinar el flujo de fondos usados y la intervención en la operatoria de firmas extranjeras radicadas en dichos países.
Además del uso ilegal de los contenedores, se determinó que existió una subfacturación del orden del 50% del valor real efectivamente pagado.
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