Aunque todavía no se conocen los detalles, el proyecto que prepara el gobierno de Javier Milei de cara al 2026 intenciona las mismas propuestas que aquel que encaró Fernando de la Rúa y que terminó en un escándalo de corrupción.
El siglo XXI se agitaba en las puertas del mundo y desplegaba su promesa ante los ojos de los argentinos justamente cuando luego de 10 años de menemismo, la coalición Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación triunfaba en los comicios electorales del 24 de octubre de 1999 con el 48,37% de los votos.
El radical Fernando de la Rúa era la cabeza de una coalición política que intento convencer a los argentinos de que la flexibilización del mercado laboral era oportunidad de progreso. Era el umbral de un siglo que reclamaba la presencia central de un trabajador más eficiente, menos protegido y más dispuesto a negociar su futuro individualmente sin la intromisión del estado o los sindicatos, discurso dominado por un neoliberalismo que daba sus últimas puntadas en aquel presente. Había que entrar en la “modernidad”.
La Ley de Reforma Laboral 25.520 fue alumbrada bajo el dominio de un discurso cimentado en la competitividad y la inversión, pero que ocultaba los objetivos principales, como eran la desarticulación del poder sindical al que se buscaba correr de forma definitiva de las negociaciones colectivas de trabajo y acompañada por una profunda reducción de los costos laborales.
La modernización pasaba por adaptar nuestro mercado y nuestros trabajadores a los reclamos del nuevo orden global que exigían más ajuste y subordinación. Había que enviar señales positivas a los mercados y al FMI. Un Riesgo País bajo y las Reformas eran la garantía al crédito internacional y las inversiones.
Bullrich fue ministra de Trabajo en el gobierno de De La Rúa.
La sanción de la ley festejada por el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, quien prometía la dinamización de un mercado laboral que estaba acuciado por una tasa de desempleo cercana al 15%.
Para entonces, la CGT esta escindida. De un lado, la central oficialista representada por Rodolfo Daer, y, del otro, la CGT disidente de Hugo Moyano, quien advertía que la reforma era “el principio de la entrega del pueblo trabajador” y “un camino sin retorno hacia la precarización laboral”.
En ese contexto, y pocos meses después, Moyano denunciaba a Flamarique por haber dicho una frase que ocasionaría el escándalo final: “El Gobierno tiene la Banelco para convencer a los senadores”.
El protagonista central pasaría a ser el secretario parlamentario Mario Pontaquarto, quien además de convertirse en el primer arrepentido de la corrupción política argentina, aseveraba que varios legisladores habían recibido dinero de la SIDE capitaneada por el íntimo amigo del Presidente, Fernando de Santibañez.
Mientras De la Rúa lo negaba, su vicepresidente Chacho Álvarez fustigaba en busca de la verdad fiel a la promesa de campaña que había jurado transparencia y cambio en una República hastiada de la corrupción menemista.
Los cambios en el Gabinete, entre los que se encontró el reemplazo del ministro Flamarique por Patricia Bullrich, no sirvieron para calmar el temporal, y el 6 de octubre Chacho Alvarez presentaba su renuncia con un discurso desde el Hotel Castelar.
La Ley Banelco -que así paso a ser denominada- termino en una causa judicial en la que todos los implicados fueron absueltos y para 2004 fue derogada por el Congreso Nacional.
Los remolinos de la mente nos traen a un presente con enunciados que nuevamente bajo la apariencia de modernización vuelven sobre la aspiración del poder económico de lograr un mercado de trabajo dócil, barato y silencioso. Y como es lógico a similar deseo, similares argumentos: los derechos son privilegios; las licencias, lujo; las indemnizaciones, trabas. Hoy, se suma el enunciado de la denominada “industria del juicio”. Está claro que los parecidos con el pasado no son pura casualidad
El gobierno de Javier Milei se encuentra enclavado en una crisis financiera, económica y social -aunque política, según lo acontecido en las últimas horas- y tiene entre manos una reforma que apunta a conformar reclamos del FMI presentes en el último compromiso firmado.
Cada cierto tiempo, la historia argentina vuelve a pronunciar las palabras regeneración, reorganización, reforma como un mantra donde cambian los actores pero no el discurso. Buscando una diferenciación con el pasado, Milei no habla de “flexibilización” sino de “liberación” y tampoco de “precarización” sino de “competitividad”, porque a través de una modificación de su lenguaje pretende quitar la idea de despojo para presentarla con tono épico.
El triunfo electoral envalentona a Milei a buscar una ambiciosa reforma laboral.
Pero lo épico muere instantáneamente frente a la letra pura y dura de un proyecto que promete jornadas laborales de 12 horas, indemnizaciones en cuotas, vacaciones fragmentadas, retribución por mérito, retorno del ticket canasta, negociaciones sin sindicatos, por empresas o individuales, además de otras arbitrariedades que ya se probaron y no funcionaron.
Con este proyecto, se vuelve una vez más a la lógica capitalista que pretende buscar ahorro en los ajustes salariales como posibilidad de crecimiento en una economía estancada. Se convierte al trabajador en resultados de encuestas, enclavado en planillas donde solo es un número que sirve para ajustar ecuaciones y como variable de ajuste. La deshumanización del trabajado se pone en marcha.
Argentina conoció este experimento en los 2000 y los resultados fueron nefastos. No solo no logro bajar los números de la desocupación, sino que llevó directo y sin escalas a la crisis del 2001, cuando el número de desocupados ascendía al 21% en 2002. Demostrado está que el sacrificio de derechos no produjo la prosperidad prometida.
Es verdad que el país se merece una nueva ley de trabajo acorde a la infinidad de modificaciones que han surgido en los últimos 20 años en el mercado laboral, pero también es cierto que no es en base a la claudicación de derechos del trabajador que pueda alcanzarse el bienestar y paz social.
La seriedad que requiere el presente invita a hablar de mesas interdisciplinarias en busca de un pacto social que habilite la mejor de las reformas, abandonando la trasnochada idea de proyectos de oficina que puedan provocar un salto atrás en derechos y justicia social, algo a lo que no es afecto el presidente Milei según lo manifestado en reiteradas ocasiones.
Los argentinos ya han padecido esta pesadilla de creer que la tranquilidad del mercado podía “ejecutar” los derechos de trabajadores sin tener efectos. Cada vez que se interpretó a la justicia social como un gasto, se terminó pagando altísimos costos en términos de paz social. Ya lo dijo también don Arturo Jauretche; “Las reformas que no tocan al poder real, siempre tocan al pueblo”.
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