El Gobierno contra la Ley del Libro: otro ataque a la cultura

Desde hace 25 años la norma establece algo muy sencillo. El editor o el importador fija el precio de venta al público de cada libro y ese mismo título debe venderse al mismo precio en cualquier punto del país, tanto en una librería de barrio como en una gran cadena, un supermercado o una plataforma digital.

La ley no fija los precios, no dice cuánto debe valer un libro y tampoco impide la competencia. Las editoriales siguen compitiendo por autores, catálogos, calidad y precio; y las librerías compiten por la atención, el servicio, la cercanía, la recomendación y las actividades culturales. Lo que la ley evita es que una empresa con una enorme capacidad financiera venda los libros más buscados por debajo de su valor para desplazar a quienes no pueden sostener esos descuentos.

Sin costo

Consultado sobre las razones que exhibe el gobierno para derogar la ley Ignacio “Nacho” Iraola, editor y gestor cultural, director y creador de Naesqui (Charlone y 14 de julio, Villa Ortúzar) enfatizó que “hay un punto debe quedar claro: esta ley no tiene costo fiscal. No es un subsidio ni una protección que pague el Estado. Es una regla de mercado que permite que un libro tenga el mismo precio en la Ciudad de Buenos Aires, en La Quiaca, en Tierra del Fuego o en cualquier otra localidad del país”.

Competencia desigual

“Ellos parten de un diagnóstico equivocado. Se supone que, si se permiten descuentos sin límites, los libros van a bajar de precio. Pero el mercado del libro no funciona como el de cualquier producto. Cada título es distinto y la competencia por precio se concentra casi siempre en un grupo muy reducido de libros de mayor venta”, añadió.

“Un supermercado -agregò Iraola- puede ofrecer esos veinte o treinta títulos con descuentos muy grandes, incluso perdiendo dinero, porque usan el libro para atraer consumidores hacia otros negocios. Una librería independiente, cuyo ingreso depende de la venta de libros, no tiene esa posibilidad”.

Explicado así se ve que no estamos en una competencia entre iguales. La desregulación puede generar descuentos iniciales en los libros más vendidos, pero al mismo tiempo debilita la red de librerías, concentra el mercado y deja al resto del catálogo —los autores nuevos, los libros de baja rotación, la poesía, el ensayo y las ediciones independientes— con menos espacios de exhibición y recomendación.

La realidad argentina

Argentina es un caso particular en cuanto a la cantidad de librerías por habitante en Latinoamérica. Con 1623 librerías nuestro país se ubica lejos a la cabeza de la cantidad de librerías cada 100 mil habitantes, con un coeficiente de 3,43

Ese índice baja a 1,93 en Chile, a 1,30 en México, a 1.01 Brasil y a 0,94 Colombia. En espacios urbanos los índices se concentran. En Buenos Aires hay 25 librerías cada 100 mil habitantes; en Hong Kong 22, en Madrid 16 y en Londres 10.

Atropello cultural

“Nosotros no queremos presentar esta discusión solamente como la defensa de un sector comercial. -agregó Iraola- Lo que estamos defendiendo es una parte de la estructura cultural del país”.

“La actividad editorial ya atraviesa una situación muy difícil: caída de ventas, reducción de tiradas, disminución de las compras públicas y cierre de empresas históricas. Derogar una ley que no tiene costo fiscal y que ayuda a sostener la red de librerías sería sumar un problema más a un sector que ya está muy golpeado”.

“Desde FALPA (Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines) estamos trabajando con autores, editoriales, distribuidores, librerías, bibliotecas y las demás instituciones del libro. Y hay algo que vale la pena remarcar: dentro de toda la cadena existe una coincidencia prácticamente total. Incluso las grandes cadenas, que podrían obtener una ventaja inmediata con la desregulación, entienden que la derogación terminaría perjudicando al conjunto del mercado”, revelò.

Por ultimo el creador de Naesqui destacó que en su lucha no están pidiendo un privilegio. “No pedimos subsidios, no pedimos fondos públicos y no pedimos que se impida la competencia. Pedimos conservar una regla que funciona en algunos de los mercados editoriales más importantes del mundo y que permite que empresas de distinto tamaño puedan convivir”.

El mítico ministro de Cultura de Francia, Jacques Lang, llevó en 1981 la discusión política de una ley de protección del libro que finalmente terminó aprobándose. Este país muestra hoy, gracias a la protección del sector, una de las densidades de comercios literarios más estables.

Gobierno dogmático

“Estamos ante un gobierno dogmático en muchos sentidos, pero especialmente en uno de los más empobrecedores: la convicción de que cualquier forma de desregulación produce, por sí sola, una baja de los precios”. La sentencia pertenece a Estaban Prado, responsable del grupo editorial El Gran Pez e impulsor de la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica de Mar del Plata que en el mes de junio cumplió su quinta edición en el Teatro Auditorium de esta ciudad.

“Desde su promulgación, en 2001, la ley acompañó uno de los períodos más interesantes y prolíficos de la edición en lengua española”, enfatizó.

Más adelante y ampliando sus argumentos sobre las bondades de la Ley sostuvo: “No quedan dudas de que la industria editorial argentina presenta una diversidad considerable, tanto entre los proyectos pequeños y medianos como entre los de mayor escala. ¿Es esta diversidad una consecuencia directa de la ley? No necesariamente. Sin embargo, existen muy buenos motivos para pensar que hay una relación entre la ley y la diversidad editorial”.

“Por un lado -acota- el crecimiento de las editoriales y las librerías independientes en distintas regiones del país coincide con los años de vigencia de la ley. Por otro, existe un consenso muy amplio entre los actores del sector: autores, editoriales, distribuidoras y librerías coinciden en que se trata de una norma que debe ser defendida”.

Prado sostuvo asimismo que “Desde El Gran Pez tenemos algunas cosas claras. En primer lugar, la derogación de la ley se impulsa completamente de espaldas a los actores del sector editorial y librero. En segundo lugar, se produce después del vaciamiento de las políticas públicas de promoción de la lectura. Por último, esta discusión es promovida por un gobierno que no tiene resultados positivos para mostrar”.

Efectivamente hace 25 años las discusiones por la sanción de la Ley encontraron de un mismo lado a las pequeñas librerías y a las grandes cadenas. Hoy es mancomunidad se mantiene, de forma que pareciera un partido que el gobierno está jugando solo.

Finalmente Esteban Prado sentenció: “Tenemos que defender esta ley porque es fundamental para nuestro sector. Al mismo tiempo, resulta imprescindible señalar que no encontramos una justificación concreta para su derogación, salvo la aplicación de un dogma ajeno a nuestra realidad o la intención de instalar una falsa agenda”.