La represión como política de Estado: más heridos, más detenidos y total impunidad para las fuerzas de seguridad

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó su segundo informe especial de 2025 sobre el despliegue de fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, en el marco de su tarea como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El informe, elaborado en articulación con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo de CABA, da cuenta de un crecimiento significativo en la represión estatal en el primer semestre del año.

Durante los primeros seis meses, la CPM monitoreó 39 movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. En 21 de ellas se registraron episodios represivos. En comparación, en 2024 la proporción era de 3 represiones cada 10 protestas. El dato refuerza una conclusión central del informe: existe una decisión político-institucional de intensificar el uso de la fuerza frente a la protesta, con especial impacto en sectores vulnerables como adultos mayores y trabajadores informales.

image

El monitoreo también expone un incremento en la violencia: entre enero y junio de 2025 se contabilizaron 1.251 personas heridas, 36 más que durante todo el año anterior. En muchos casos se trató de lesiones graves, como la de un manifestante que perdió un ojo, o la del fotógrafo Pablo Grillo, internado en terapia intensiva durante 83 días tras recibir el impacto de una bomba de gas en la cabeza. Grillo continúa hospitalizado.

Además, se registraron 130 detenciones arbitrarias, también por encima de las cifras de 2024. Según la CPM, las aprehensiones se produjeron sin información adecuada sobre motivos o paradero, y entre las personas detenidas hubo periodistas, vendedores ambulantes, jóvenes y personas sin vínculo con las protestas.

El despliegue policial, tanto de fuerzas federales como de la Policía de la Ciudad, fue calificado como “desproporcionado”. En varias movilizaciones, la cantidad de efectivos duplicó o triplicó a la de manifestantes. La Comisión advirtió un uso sistemático e irregular de armas menos letales, como postas de goma disparadas a corta distancia y contra zonas vitales, gases lacrimógenos dirigidos al rostro, golpes con tonfas y escudos, y uso de camiones hidrantes sobre la vía pública.

image

Entre las víctimas relevadas se cuentan 132 adultos mayores, 4 niños, niñas y adolescentes, 179 trabajadores de prensa y al menos 20 defensores de derechos humanos, incluidos integrantes del propio equipo de monitoreo de la CPM.

El informe también señala la falta de consecuencias institucionales para los responsables. Todas las causas penales iniciadas se encuentran sin avances significativos, mientras que los sumarios internos han sido cerrados en su mayoría, sin sanciones para los agentes involucrados.

“La maquinaria represiva ilegal, sostenida por el Gobierno nacional, tiene por objetivo generar miedo y limitar la participación ciudadana”, concluye el informe. Para la CPM, la legitimación de la violencia estatal en este contexto representa una degradación seria del sistema democrático y sus instituciones.

image

Informe completo