El Gobierno oficializó la postulación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema

Ya lo había anticipado a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y, ahora, las candidaturas salieron en el Boletín Oficial. Será la Cámara de Senadores la que deba confirmar o rechazar los pliegos para reemplazar a los jueces Highton de Nolasco y Maqueda.

El Gobierno formalizó este lunes, a través de dos publicaciones en el Boletín Oficial, la propuesta de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la vacante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la salida de la exministra Elena Highton de Nolasco y el próximo retiro de Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el 29 de diciembre y deberá dejar su cargo en esa fecha.

La intención del Ejecutivo de proponer a ambos se conoce desde hace más de un mes, y desde un inicio la figura de Lijo despertó críticas tanto al interior del oficialismo como en sectores de la oposición.

En la Cámara Alta del Congreso, los candidatos deben obtener el aval de dos tercios de los legisladores convocados para sesión especial. Hasta el momento, los senadores del peronismo y aliados no han adelantado sus intenciones, lo que imprime un manto de duda sobre la posibilidad de que la iniciativa del Ejecutivo se materialice.

Por parte del oficialismo, el propio ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se expresó públicamente a favor de la candidatura de Lijo y dio a entender que los une una relación personal y de afecto. "Lo conozco mucho a Lijo. Lo conocí cuando él era un jovencito de 18 años que entraba a Tribunales y me atendía en Mesa de Entradas. No sólo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores", afirmó el funcionario.

Según el Decreto 222/2003, la cartera de Justicia debe publicar en el Boletín Oficial y en diarios de circulación oficial durante tres días el nombre y los antecedentes curriculares de los candidatos, lo que fue realizado este lunes. Tras ello, los dos nominados deberán presentar indefectiblemente sus respectivas declaraciones juradas de sociedades y bienes.

Tras este paso, la ciudadanía y las organizaciones civiles pueden presentar en un plazo de 15 días sus objeciones puntuales. Luego de este momento, los nombramientos pasan al Senado para su votación.

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