Política

El hombre brindó detalles de la conducta de la diputada que pone en peligro la paz dentro del espacio político. Una historia de celos, amenazas, filtraciones y traiciones.

El sindicato y las empresas sellaron el entendimiento que elimina el tope máximo a las horas extra y establece un diagrama de trabajo 1x1 para la operación direccional y pusieron fin a un conflicto que comprometía las actividades en el yacimiento.

Mediante la firma de un acta de acuerdo con el presidente Javier Milei, el gobierno portñeo asume el control de las 31 líneas de colectivos que estaban bajo jurisdicción nacional. "Lo importante es que no hay cambio de tarifa", destacó el jefe de Gobierno.

La intendenta de Quilmes cuestionó al titular de Economía, que había acusado a los municipios de "estar aumentando de forma descontrolada sus tasas con fines recaudatorios y políticos". "Están destruyendo la actividad económica y las provincias y los municipios tenemos que sostener las tareas del Estado", le respondió.

Figuras de distintos espacios manifestaron sus críticas al Decreto 780/2024 de Javier Milei, que establece límites a las definiciones de información pública y documento y acota las posibilidades de los pedidos de parte de la ciudadanía.

El Foro de Periodismo Argentino manifestó su rechazo a los límites impuestos para obtener datos sobre los actos de los funcionarios. "Este derecho no puede ser restringido mediante un decreto del Poder Ejecutivo", plantearon.

El titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, rechazó los dichos del Presidente contra el sector, cuestionó la elevada carga fiscal y los problemas estructurales que impiden un mayor crecimiento. "No le tenemos miedo a que se abra la economía, pero primero equilibren el terreno antes", advirtió. 

El constitucionalista consideró que el 780/2024 es un embate al sistema democrático y "consolida un sistema 'facha' que intenta apagar las voces divergentes y el pluralismo ideológico".

El procedimiento contra Pedro Puerta tuvo lugar en el marco de la causa que investiga a Germán y Sebastián Kiczka, ambos detenidos por pedofilia y explotación sexual infantil.

Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también se mostraron en contra de la medida impulsada por la Justicia venezolana después de que el excandidato no respondiera a dos citaciones al juzgado.