La represión sin fin

La Policía Federal intentó hacer pasar por violento a un camarógrafo que el jueves último intentaba tomar imágenes de los activistas de Greenpeace aprehendidos por hacer una performance en la puerta del congreso cuando el Senado se aprestaba a debatir modificaciones a la Ley de Glaciares.

Pero algo les salió mal: la presencia incómoda de otros medios vieron y registraron la secuencia violenta les impidió instalar su propia versión de los hechos. Las imágenes hablan: todos pudieron ver como policía golpea, tira al piso, patea, arrastra y finalmente detiene al trabajador de prensa.

La escena dejó al descubierto la raíz del encono de las fuerzas de seguridad con los periodistas: el deseo de operar en las sombras, de reprimir y detener sin que la mirada pública registre sus métodos. La viralización de esas imágenes fue el tiro de gracia para la versión oficial de las fuerzas que dependen de la ministra Alejandra Monteoliva.

Cuando, cerca de las 9 de la mañana, un agente informó al juzgado federal 8 sobre la detención de Facundo Tedeschini por una supuesta agresión a la policía, el relato se desmoronó al instante. Nadie lo compró. La respuesta del juzgado a cargo de Marcelo Martinez de Giorgi fue una orden tajante: liberación inmediata y la toma de declaración al agente que había realizado la detención.

Este episodio no es un caso aislado en la gestión de Javier Milei, sino una pieza más de un engranaje represivo que busca aceitarse lejos de los reflectores. Un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) contabilizó 14 trabajadores de prensa detenidos en coberturas de manifestaciones sociales: 2 en 2024, 10 en 2025 y 2 en lo que va de 2026. La agresión a los periodistas es el intento de garantizar que la represión a cualquier manifestación social ocurra en un cono de sombra. Sin flashes ni cámaras de televisión, la impunidad sería más sencilla. Quizás así, en esa penumbra, el gobierno hubiera podido instalar la ficción de que no fue la policía la que arrojó gas pimienta contra una niña de 9 años, sino ella contra los agentes.

Las detenciones de periodistas se enmarcan en un contexto represivo mayor que incluye, entre sus hitos principales, la agresión sufrida por parte del fotógrafo Pablo Grillo. Por aquel disparo a la cabeza con una posta de gas lacrimógeno está procesado el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Ese hecho también se reconstruyó con imágenes de los medios y otras de manifestantes: el trabajo más relevante lo hizo el Mapa de la Policía, un sitio que recepta imágenes y reconstruye hechos.

Un caso que escaló hasta la Cámara Federal de Casación Penal en los últimos días funciona como una radiografía elocuente de este esquema y de por qué necesita de las cámaras apagadas para subsistir. El 22 de octubre de 2025, durante una manifestación en defensa de los derechos de los jubilados, Egidio Ramón Contreras fue derribado por la policía con una violencia que le provocó fracturas. La denuncia de la Comisión Provincial de la Memoria fue desestimada en primera instancia, pero la CORREPI tomó el caso y lo elevó al máximo tribunal penal.

Hace pocos días, el fiscal general Javier De Luca reclamó ante la Casación la reapertura del caso con un dictamen que desnuda la lógica perversa de estos procedimientos. Sostuvo que la decisión de desestimar la denuncia se basó en una "interpretación inválida del derecho vigente", incompatible con los estándares constitucionales e internacionales.

De Luca fue más allá y subrayó que "a esta altura del desarrollo del derecho constitucional e internacional, existe consenso en que, en una sociedad democrática, el tratamiento de las manifestaciones públicas es exactamente al revés de lo sostenido en las decisiones impugnadas". Es decir, las autoridades deben proteger a los manifestantes pacíficos, y las fuerzas de seguridad actuar con profesionalismo para no ser ellas la chispa que encienda el conflicto.

El fiscal fue quirúrgico al analizar el video del hecho: "Muestra a una persona mayor sobre la calle, quien es inmediatamente sujetado por personal policial y arrojado violentamente contra la vereda. El hombre cae duramente al piso. Todo esto transcurre en un lapso de 3 segundos. De este registro no surge que esta persona haya realizado conducta alguna que pusiera en peligro bienes jurídicos. Sólo se aprecia que llevaba lo que parece ser una bandera y una fotografía o pancarta. Tampoco se ve la presencia de material pirotécnico". Y lanzó la pregunta que resuena como un eco incómodo para el gobierno: "¿cuál fue el fundamento de la actuación policial?".

Esa pregunta del fiscal De Luca ilumina con claridad meridiana por qué el poder ejecutivo necesita que la represión ocurra en off, lejos de las lentes. En una sociedad democrática, la verdad puede convertirse en víctima cuando las fuerzas de seguridad intentan escribir la historia con los puños, mientras los periodistas y sus cámaras luchan por ser los ojos que no pueden ser cerrados.