Se destrabó la cuestión de las tarifas en el acuerdo con el FMI: cómo serán los aumentos

Finalmente, el Gobierno logró llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la forma en la que se replanteará la cuestión de las tarifas, en medio de un escenario de gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto del aumento global en los precios de la energía.

Según fuentes oficiales, el Gobierno está comprometido a "procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios" pero con la premisa de alcanzar tarifas "razonables" para los servicios públicos de gas y electricidad que cumplan con criterios de "justicia y equidad distributiva".

Las revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión si correspondiere. Para los usuarios residenciales se considerará como criterio el coeficiente de variación salarial (CVS). Con dicho parámetro, el Gobierno impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios. Los subsidios estatales estarán enfocados en los usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago. Al mismo tiempo se incentivarán medidas que alienten al uso racional de los servicios.

La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, según el servicio público de que se trate:

a) Usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético por su plena capacidad de pago.

b) Usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior.

c) El resto de los usuarios, para quienes el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.

Durante 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos para las categorías de usuarios b) y c). Para el año 2022, se incluirán para el cálculo los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

En ese sentido, se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a:

• Incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisió nde energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energías renovables.
• Reducir las pérdidas en el segmento de distribución con mejoras en los medidores, la facturación y la cobranza.
• Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso.
• Fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos.
• Asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad.