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“Es una vulneración a los derechos porque la discapacidad es un gasto para el gobierno", indicó Gabriela Paredes Domanico una de las damnificadas.
El proyecto establece que quienes presten servicios ilegales podrían ser sancionados con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o multa de 800 a 4.000 unidades fijas.
El objetivo es concientizar acerca de la importancia de actuar de manera anticipada. Se busca disminuir la capacidad de reproducción del mosquito portador y frenar la propagación de la enfermedad durante los meses de mayor temperatura.