Con médicos del Hospital Garrahan presentes en el plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública; Familias, niñez y juventudes; y Presupuesto y hacienda -tras el emplazamiento logrado en la última sesión que terminó en escándalo- la oposición en Diputados logró emitir dictamen para llevar al recinto el proyecto que declara la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales por el término de un año, debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.
El despacho mayoritario cosechó 65 firmas (siete más de las mínimas necesarias para avanzar) y fue firmado por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, y el bloque con línea directa con gobernadores, Innovación Federal. También se sumó la radical Natalia Sarapura, que acompañó en disidencia.
En el texto se incluyó un artículo que no estaba contemplado inicialmente para que derogará la Resolución 2109/25 que modifica el sistema de residencias para transformarlas en becas.
En la emergencia se establece la asignación prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado al cuidado infantil.
También se dispone una recomposición salarial inmediata para el personal de salud —incluidos los residentes— que atiende a población pediátrica, garantizando que los ingresos no sean inferiores a los de noviembre de 2023 en términos reales. Además, se exime del pago de Ganancias al personal de salud que realice tareas críticas, horas extras o guardias en efectores públicos y privados.
La UCR y el PRO se dividieron a la hora de firmar dictamen. Roxana Reyes y Gabriela Brower de Konning firmaron un despacho en minoría que también acompañó Ana Clara Romero, del PRO, y la Coalición Cívica. El resto del bloque amarillo definió no firmar ningún dictamen, mientras que La Libertad Avanza presentó uno en rechazo de la iniciativa.
