Diputados: tratará en comisión el proyecto de baja de la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados debatirá este martes en comisión un dictamen de reforma de la ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De esta manera, se buscará establecer un nuevo régimen de sanciones para los menores.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas del PRO, Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal, la Coalición Cívica y algunos sectores de Encuentro Federal. En contrapunto, es rechazada por Unión por la Patria, la Izquierda y organizaciones de derechos humanos.

Tras varias postergaciones, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), realizó la convocatoria al plenario de las comisiones, que se llevará a cabo desde las 16. También estarán Justicia, Familia, y de Presupuesto y Hacienda.

Laura Rodríguez Machado

La diputada Rodríguez Machado, a cargo de la comisión de Legislación Penal.

El proyecto se debatió en siete reuniones durante el año pasado y en 2025 hubo dos encuentros en marzo. La estrategia del oficialismo es tener firmado el despacho mayoría este martes y luego tratarlo en el recinto antes de fin de mes.

Si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar hasta los 14, como propone, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.

El proyecto para bajar la imputabilidad a los 14 años

La iniciativa del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

Otro de los puntos de la propuesta del Gobierno es que para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programa educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos, cuando sea necesario. Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores. También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.