Violencia verbal: entre la judicialización y el Congreso

El Congreso parece ser el objetivo. El discurso del Gordo Dan estuvo enfocado en la necesidad de promover la llegada de libertarios de pura cepa a ocupar espacios de poder para evitar traiciones y para defender las ideas que representa Milei.

Agustín Laje, intelectual inspirador del presidente Javier Milei, llegó unos minutos tarde a la presentación de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”. Se disculpó, tomó carrera y arrancó. Enhebró un discurso vehemente de más de 20 minutos en el que se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner como “la yegua hija de puta” y aseguró que “Argentina está dividida entre los buenos y los malos”. Explicó cada fase de la denominada “batalla cultural” y afirmó que este es el momento de ir por la “hegemonía”. “Nuestros enemigos están en el suelo y no hay que desacelerar, hay que poner quinta”, convocó. “Están muy incomodos. Los estamos troleando por twitter”, aseguró. En sus pasajes más extremos, llamó a exaltar “el valor de la virilidad contra el de la víctima perpetua; el valor de la vida contra el de los pañuelitos verdes”.

Escucharlo fue como descubrir el libro que lee el Presidente antes de cada discurso: las mismas ideas, aunque planteadas de corrido y con más nitidez y presentadas sin necesidad de recurrir a ejemplos escatológicos o sexuales. No por eso, menos virulento.
-En un lado están los que defendemos la vida y la dignidad y del otro lado están los zurdos hijos de puta- bramó Laje en el evento que se llevó a cabo en la localidad bonaerense de San Miguel donde un puñado de militantes sudaba y se abanicaba mientras lo seguía con la atención que se podía en el día de más caluroso de la última semana.

-Hijos de puta, hijos de puta- le devolvieron desde el público.

La escena ocurrió la misma tarde y en el mismo evento en el que Daniel Parisini, conocido en el mundo virtual como “El Gordo Dan”, anunció el nacimiento de las “Fuerzas del Cielo”, agrupación política a la que definió como el “brazo armado” (de teléfonos celulares, según explicó más adelante en el mismo discurso) del gobierno o de su “guardia pretoriana”. Fue este pasaje el que viralizaron los propios participantes del acto. Los efectos del discurso excedieron las redes. Aquí dos ejemplos:

  1. Dos diputados de la oposición, Mónica Fein y Esteban Paulón, denunciaron penalmente a los organizadores del evento y a sus oradores por incitación a la violencia colectiva y al odio. La estética del evento y las expresiones de los oradores generaron alarma. Otra denuncia de igual tenor ingresó en los tribunales federales de Comodoro Py: inmediatamente la jueza María Eugenia Capuchetti se la delegó a la fiscal Alejandra Mangano. Ya puede investigar.

    “Manifestamos nuestra profunda preocupación, ya que las expresiones vertidas durante el acto del 16 de noviembre constituyen no sólo una amenaza potencial a la paz social y la seguridad pública, sino que también vulneran principios esenciales de nuestra democracia, requiriendo la actuación inmediata de las autoridades competentes”, escribieron los diputados Fein y Paulon. Sin nombrarlo, abordaron el fenómeno estudiado por académicos europeos y definido como violencia estocástica, que tiene que ver con los efectos indirectos que producen este tipo de discursos: pueden provocar actos aleatorios de violencia motivada ideológicamente que son estadísticamente predecibles pero individualmente impredecibles. Algo muy parecido a lo que sufrieron un grupo de estudiantes e investigadores del Conicet y la Universidad Nacional de La Plata que esta semana fueron agredidos en Mendoza por dos personas que los acusaron de “chorros” y de que “no se dejan auditar”.

  2. El ministro del Interior, Guillermo Francos, concedió en una entrevista la posibilidad de Parisini sea postulado a legislador nacional el próximo año. “Es un muy buen candidato”, dijo. El ministro de Economía, Luis Caputo, también le brindó su apoyo en una entrevista que dio en los últimos días.

El Congreso parece ser el objetivo. El discurso del “Gordo Dan” estuvo enfocado en la necesidad de promover la llegada de libertarios de pura cepa a ocupar espacios de poder para evitar traiciones y para defender las ideas que representa Milei. Los liberales libertarios no quieren saber nada de librepensadores.

El Congreso, por caso, fue el escenario donde esta semana fracasó la sesión en la que el oficialismo y sus aliados pretendían discutir el proyecto de “Ficha Limpia” que impediría que se presente a elecciones una persona que tuviera una condena por hechos de corrupción ratificada en segunda instancia. Una ley que tiene un único objetivo: Cristina Kirchner.

Sesión ficha limpia en Diputados 20-11-24

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó (en segunda instancia) la condena a CFK en la causa Vialidad, de todas formas, todavía no está firme. Y tal como anticipó este medio la semana pasada, ese fallo no adquirirá firmeza en el corto plazo. Es que el jueves último, se otorgó a las partes una prórroga de 30 días hábiles para presentar sus recursos contra el fallo que ratificó la condenas. Ese plazo vencerá la segunda semana de febrero del 2025. Recién ahí el mismo tribunal comenzará el proceso para definir si concede la vía para que las partes (incluida la fiscalía que quiere agravar la condena) lleguen a la Corte Suprema de Justicia. El proceso demandará un tiempo, como adelantó el todavía juez del máximo tribunal Juan Carlos Maqueda.

La pregunta que sigue es qué Corte recibirá el caso Vialidad (ya sea por recurso extraordinario o en modo de queja). El 29 de diciembre Maqueda cumplirá 75 años y quedará fuera del máximo tribunal. Seguirán, por supuesto, su presidente Horacio Rosatti y los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los candidatos postulados por el oficialismos para completar la Corte de cinco jueces fueron el magistrado federal Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla quienes aún no lograron reunir la voluntades necesarias para someterse a votación de la cámara alta.

Se requieren dos tercios del Senado. “Nada que esté en la Constitución se debe descartado. ¿Qué sentido tendría que te diga que es algo que está cien por ciento descartado? Es un análisis válido, pero no es para ahora”, respondió la semana pasada una fuente del gobierno en relación a la posibilidad de colocarlos por Comisión si es que el Congreso no aprueba sus pliegos. De todas formas, continuó: “Confiamos poder juntar los votos. Veremos si entra en receso el Congreso”. En las últimas horas, el oficialismo se entusiasmó con la cantidad de votos que podría lograr el juez Lijo. No existe el mismo entusiasmo en relación a cómo avanza la rosca para conseguir los votos para el García Mansilla. “Los dos van juntos”, insistían, de todos modos, desde la Casa Rosada.

En el Congreso todavía esperan que empiecen a llegar los pliegos de los 146 jueces, fiscales y defensores al congreso para su aprobación por parte del Senado. El anuncio, hace ya más de dos semanas, fungió como puerta de ingreso a negociaciones políticas. No faltan mandatarios locales que quieran influir en el nombramiento de uno u otro juez. Y ellos, el gobierno lo sabe, pueden influir sobre senadores y diputados que el oficialismo necesitará para aprobar otros temas. ¿Favor con favor se paga?

Días antes del anuncio del envió de los pliegos al Congreso, encabezado por el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, un periodista de muy buena llegada a la Casa Rosada dio a conocer un listado de todos los nombres que el gobierno enviaría al parlamento. Allí aparecía el juez Marcelo Martín Bailaque para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Esta semana lo imputaron por supuesta corrupción y vínculos con narcotraficantes. "Esa lista nunca fue oficial y, de todas formas, es evidente que ese nombre no será promovido a un tribunal superior", respondió un funcionario del gobierno que sigue el tema de cerca.

Otra novedad en materia de concursos para la designación de jueces concitó la atención del mundillo judicial en esta semana: el miércoles quedó conformado el orden provisorio de los postulantes a ocupar tres vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal en esa materia específica. Encabezan el ranking magistrados y magistradas que ya trabajan en el edificio de los tribunales federales porteños ubicado en la Avenida Comodoro Py: el primero puesto lo tiene la jueza de tribunal oral Gabriela López Iñiguez, luego se posicionó su colega José Michilini y en tercer lugar el fiscal Leonel Gómez Barbella, que supo ser subrogante en el fuero federal.

Todavía falta la etapa de las impugnaciones previo a que se confeccione el orden de mérito definitivo: se espera que muchas vayan destinadas a quien quedó en séptimo lugar secretario General del Consejo de la Magistratura Mariano Pérez Roller, un funcionario del órgano encargado de controlar a los jueces compitiendo con ellos.

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