Luego de que la comunidad universitaria se movilizara para juntar más de un millón de firmas en apoyo de la educación pública, la Comisión Mixta de Educación y Presupuesto aprobó el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Esta aprobación se da en medio de un escenario crítico para las universidades.
El presupuesto que destina el Gobierno a los centros de estudios es el más bajo de las últimas dos décadas y, a este ritmo, a fin de año pasaría de representar el 0,72% del PBI a 0,43%. Por otra parte, la inversión por estudiante es la menor desde 2025. Con respecto a los sueldos docentes y no docentes, los mismos sufrieron un deterioro frente a la inflación del 80% desde que asumió el actual gobierno.
Frente a este desfinanciamiento que pone en riesgo la continuidad del sistema educativo, se realizaron dos marchas multitudinarias que expresaron a las claras la importancia que el pueblo argentino le da a la educación pública. Ahora, más de un millón de compatriotas pusieron su firma para manifestar que quieren que se apruebe la ley de financiamiento.
Con la aprobación de la Comisión, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados y, de obtener dictamen positivo, pasará a la Cámara Alta. El futuro de la educación pública se encuentra ahora en manos de nuestros legisladores que tienen la obligación moral de apoyar la ley. No hay ajuste ni equilibrio fiscal que justifique quitar el derecho a los argentinos de formarse en las universidades públicas.
La recolección de más de un millón de firmas es una muestra contundente del apoyo que la universidad tiene por parte del pueblo. La enorme cantidad de argentinos que se movilizaron en apoyo de la educación pública deja en claro que el reclamo pertenece a la sociedad en su conjunto y excede el ámbito universitario.
La Ley de Financiamiento es vital para que la universidad pueda seguir funcionando, para que se mantengan los sistemas de becas, los programas de Ciencia, Tecnología, Investigación y Extensión Universitaria. Los argentinos somos conscientes de que para que un país crezca y se desarrolle debe invertir en educación superior. La formación profesional no es un gasto sino todo lo contrario: es una inversión que redunda en múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad y para el desarrollo productivo.
Si la universidad pública desaparece, sólo podrán ser profesionales aquellos que puedan pagar por una educación privada. Esto aumentaría la ya alta desigualdad que existe en nuestro país donde unos pocos acceden a todos los recursos mientras que la mayoría apenas puede sobrevivir.
La sociedad en su conjunto ha enviado un mensaje claro tanto al Gobierno nacional como a diputados y senadores. Millones de personas estarán pendientes de la votación del proyecto. Señores legisladores, el pueblo les ha encomendado una tarea. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y que la Ley de Financiamiento Universitario se convierta en una realidad que rescate a la Universidad Pública de la crisis en que las políticas de ajuste la han sumergido.
*Secretario Adjunto de FATUN