La Ley de Educación Nacional establece el derecho de enseñar y aprender en todo el territorio de la Argentina y con su sanción del Congreso el 14 de diciembre de 2006 se avanzó en otro paso hacia la consolidación de la democracia tras su regreso en 1983 con el proceso de recuperación de la educación. El proyecto recibió 133 votos a favor y 33 en contra.
Ley de Educación Nacional: un derecho vital para enseñar, aprender y formarse
El Congreso sancionó el proyecto en 2006 en el que se garantiza el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, en otro paso hacia el fortalecimiento de la democracia.
Con esta Ley, que se trata de la 26.606, se garantiza el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades a través de la creación y administración de los establecimientos educativos de gestión estatal. De esta manera, el objetivo del proyecto fue asegurar a través del Estado uno de los principales derechos, en una de las medidas que se tomaron tras la vuelta de la democracia en su fortalecimiento.
Incluso, en el artículo 3 de la normativa, se marcó la relevancia de su aprobación ya que se destacó que "la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación".
De esta forma, el Estado crea y financia las universidades nacionales para que los estudiantes se desarrollen y formen en sus respectivas actividades.
En tanto, en distintos artículos se indica el deber de las jurisdicciones. "Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4° de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario", se describió en uno de ellos.
Luego, en otro, se marcó que "el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias".
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